El ministro de Gobierno de Bolivia, CarlosEduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y confirmó que se trata de "tráfico ilícito de municiones", un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.

Allí confirmó además que en noviembre de 2019 "ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, y se informó que ya se han "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía" que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.

En ese contexto, precisó: "En el Hércules c130 argentino venia munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas".

El ministro detalló que el material fue trasladado a las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019 a la Embajada argentina en Bolivia para que, una vez allí, "personal uniformados de Argentina realizaran la entrega a la policía boliviana".

"Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata", completó Del Castillo en el marco de la conferencia de prensa en la que también estuvieron el Jefe de la Policía, Johnny Aguilera, y el embajador Ariel Basteiro.

"Lo que ha cometido el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de Argentina en Bolivia del Gobierno de Macri, es trafico ilícito de armas y esto está penado en nuestro país con 30 años de presidio sin derecho a indulto", destalló hoy el ministro.

“El comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de argentina en Bolivia del Gobierno de Macri han vulnerado losartículos 6, 26, 28 y 29 de la ley 400 y los artículos 49 y 50 del reglamentode la misma ley y también elartículo 26de ese cuerpo normativo”, sintetizó el ministro.

Además, sostuvo que la cantidad de material no autorizado encontrado es diferentes a las que el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros le agradeció en una nota al ex embajador argentino Normando Álvarez García y a los datos recolectados en Argentina.

"Esto nos hace presumir que las fuerzas armadas recibieron más material que aún no ha sido constatado", subrayó y agregó que el material encontrado en bóvedas "no fue utilizado en las masacres", pero no descartó que haya sido destinado a la fuerza aérea.

"Continuaremos con las investigaciones para saber qué sucedió con el faltante que ingresó de manera ilegal", completó.

Durante su exposición, el ministro mostró imágenes de los elementos que ingresaron de manera ilegal y en algunas de las cajas se encontraba el sello de la Gendarmería argentina.

En tanto, en otra fotografía se podía ver cómo, "de manera dolosa y malintencionada, habrían tratado de esconder municiones en una bolsa de cuero" bajo el rótulo "guantes".

Plan continental de represión

Por otra parte, el ministro denunció que existió "un plan continental para reprimir al pueblo boliviano" a través del pedido de apoyo de material bélico a Argentina y Ecuador que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del expresidente Donald Trump habló "de un supuesto fraude electoral sin prueba alguna".

"Esto le demostró a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que ya se tenía un manual para un presunto golpe de Estado en nuestro país", dijo.