Un importante grupo de empresarios le pidió a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que deseche el pedido de juicio contra la Corte Suprema de Justicia promovido por el Gobierno al advertir que afectará la inversión privada en la Argentina.

Entre los ejecutivos que firman están Facundo Gómez Minujin (JP Morgan-Amcham), Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Arturo Acevedo (Acíndar), Cristiano Rattazzi (Fiat), Gastón Remy (Nuqlea), Roberto Murchison, Claudio Cesario (ABA), Guibert Englebienne (Globant) y Eduardo Gorchs (Siemens Argentina).

 
También la suscribieron Alejandro Elsztain (Cresud), Luis Bameule (AEA), Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Eduardo Caride, Javier Goñi (Ledesma), Juan Vaquer (Dupont), Silvia Bulla (Danisco), Nicolás Braun (La Anónima) y Enrique Cristofani. Además, se sumaron Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), César Litvin y Santiago Mignone (PwC), Guillermo Lipera (Idea), Alberto Garay (Colegio de Abogados de la Ciudad) y Juan Vaquer (Dupont - ACDE).

En una carta de 17 páginas, estos empresarios y profesionales les pidieron “a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”.

 “La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país”, indicaron.

“El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos”, advirtieron.

Ataque a la inversión privada
“Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”, afirmaron.

“¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”, se preguntaron.

“Los firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”, expresaron en la misiva.

Días atrás, el Foro de Convergencia Empresarial también emitió un duro que cuestionaba la posición del Poder Ejecutivo en su relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La entidad consideró como “un ataque a la independencia del Poder Judicial” el reciente pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal promovido por el Presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores.

“En los últimos días, en un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial, el Presidente de la Nación y un grupo de Gobernadores han presentado un pedido de juicio político contra todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló el comunicado.

También, hubo pronunciamientos en contra de la iniciativa, aprobada por el Senado de la Nación, para aumentar la composición de la Corte de 5 a 15 miembros.

Así se manifestó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), al expresar su “honda preocupación” y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham Argentina), al indicar que “si bien el servicio de justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros”.

“A tan solo un año de celebrar cuatro décadas de democracia ininterrumpida, Argentina ha asistido a dos modificaciones en la composición de la Corte Suprema (1990, 2006), y otras dos modificaciones a un organismo asociado, el Consejo de la Magistratura (2006, 2013), creado en 1994 por la última reforma constitucional. Si bien en estos últimos 40 años ha habido en nuestro país profundas transformaciones, nos parece excesivo tener tantos procesos de cambio en los dos organismos centrales de la justicia argentina”, indicó Amcham.