La medida era esperada por el consenso de los analistas al ver el singular desvío observado en los primeros siete meses entre la pauta presupuestaria con un supuesto de inflación de 60%, cuando ya estaba a ritmo de 113% anual en julio y que se elevó la expectativa para el cierre del año al rango 170% / 180% luego de la devaluación pos PASO de 17,9% (suba del tipo de cambio oficial de 21,8%) y salto de la tasa de interés de referencia del Banco Central de 97% a 118% nominal anual a 30 días, equivalente a una tasa efectiva anual de poco más de 208 por ciento.

Semejante desfase entre lo presupuestado y el ritmo real llevó al Poder Ejecutivo Nacional y el pleno del Gabinete a disponer la ampliación de la autorización de partidas del corriente año -algunas ya ejecutadas- en “diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 436, con fecha 29 de agosto, que publica el Boletín Oficial de este miércoles, con varios anexos, el primero con el desglose en 677 planillas de los cambios dispuestos.

Se trata de la octava modificación presupuestaria del año que arroja un saldo de aumento del lado del gasto corriente y financiero de $7,65 billones, equivalente a 26% de la partida ajustada previamente a $29,46 billones, desde un monto original de $29 billones, en cabeza de la Administración Central.

 

Mientras que, del lado de los ingresos, la aceleración de la inflación repercutió sobre los recursos tributarios, principalmente por parte de la Seguridad Social (Anses), y en menor medida por impuestos al turismo en el exterior y percepciones por pasos de puestos de peaje, y otros ingresos por un total de $5,19 billones.

De ahí resultó que, en caso de ejecutarse plenamente las nuevas autorizaciones a gastar, el año cerrará para la Administración Central con un déficit devengado de $9,08 billones. Aumenta 37,1% respecto de la pauta previa de $6,62 billones, y pasa a representar casi un tercio del total de los recursos esperados, equivalente a 4 meses de ingresos fiscales.

Los mayores incrementos autorizados
De las 677 planillas del Anexo I Infobae pudo detectar que las áreas más beneficiadas fueron las asociadas principalmente al pago de jubilaciones y pensiones, tanto por parte de la Anses, Cajas Militares y Cajas Previsionales de Provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino; Fondo de Incentivo Docente y aumento de las remuneraciones en la Administración Pública, en particular al sistema de seguridad pública y en empresas del Estado, como al servicio de la deuda, según el siguiente detalle con subas superiores a $40.000 millones:

Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social $1.832.002 millones;

Servicio de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones) $1.548.600 millones;

Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ministerio de Educación $757.218 millones;

Integración Socio Urbana, Ministerio de Desarrollo Social $743.607 millones;

Asistencia Social, Obligaciones a Cargo del Tesoro $652.687 millones;

Prevención y Control de Discapacidades, Presidencia de la Nación $231.082 millones;

Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal -Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina-, Ministerio de Seguridad $224.776 millones;

Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, Ministerio de Transporte $174.092 millones;

Sastrería Militar, Estado Mayor General del Ejército Argentino, Ministerio de Defensa $171.015 millones;

Prestaciones de Previsión Social, Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa $157.442 millones;

Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Ministerio de Seguridad $126.487 millones;

Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), Poder Legislativo Nacional $81.840 millones;

Servicios de Informática y Comunicaciones, Ministerio de Seguridad $72.690 millones;

Sostenimiento Operacional, Estado Mayor General de la Armada Argentina, Ministerio de Defensa $61.330 millones;

Desarrollo de Políticas de Vinculación Tecnológica y Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación $60.294 millones;

Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación, Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad $56.484 millones;

Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental, Ministerio Público $50.975 millones;

Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, Ministerio de Salud $50.286 millones;

Asistencia Financiera a Empresas Públicas, Ministerio de Economía $49.625 millones;

Formación y Capacitación, Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $44.817 millones; y

Servicio Meteorológico Nacional, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Ministerio de Defensa $40.301 millones.

Según la planilla de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, al domingo 27 de agosto, del lado del gasto se había devengado al 66,4% del total autorizado para el año a ese momento; y 67,4% del lado de los recursos, acusando un déficit total base caja de $2,8 billones; y se elevó a $4,2 billones en el base ejecutado. De ahí resulta una deuda flotante a ese momento de $1,4 billones.