
La medida busca mejorar la competitividad y continuar con la baja de impuestos provinciales.
Pasaron 6 años desde que no se generaba un traspaso de contratados a planta permanente en el Ejecutivo. Aseguran que la creación de cargos no incumple la ley de responsabilidad fiscal que firmó la provincia con Nación.
PolíticaEn el marco de la negociación salarial que se cerró el viernes con los trabajadores estatales, la gestión uñaquista anunció que iniciará el proceso para el traspaso de contratados a planta permanente. Para ello, se enviará un proyecto a la Cámara de Diputados para sancionar la ley con el fin de crear cargos en la administración pública provincial.
Según informó este domingo Diario de Cuyo, la iniciativa está casi lista y no se descarta que sea tratada este mes para, así, disparar el proceso de ingreso en el segundo semestre del año, incluso, con la posible incorporación de una tanda de personal antes de diciembre.
La medida apunta a todo empleado que fue contratado antes del 31 de diciembre de 2018, por lo que, según los datos oficiales, se estima que son unas 2.000 personas de las 4.500 que tienen un contrato en la actualidad con el Estado.
Al igual que en procesos anteriores, los que busquen el pase a planta deberán cumplir con una serie de requisitos que estarán plasmados en la ley, como un curso de capacitación y un examen de ingreso.
El traspaso es un reclamo constante de los gremios, que buscan la estabilidad de los trabajadores, ya que, con un contrato, quedan sujetos a la voluntad política del gobierno de turno, dado que son relaciones laborales renovables cada año.
Además, entre los beneficios se encuentran el hecho de contar con una obra social, gozar de vacaciones, cobrar asignaciones familiares, percibir adicionales, el aguinaldo y los respectivos aumentos salariales.
En esa línea, el tema estuvo presente sobre la mesa de negociación salarial, en la que el gobierno acordó con UPCN, ATE, ATSA, Viales, SOEME y Médicos un incremento del 40 por ciento a partir de junio en cuatro tramos: 15 por ciento desde este mes, 7 a partir de agosto, 12 en octubre y 6 por ciento en noviembre; lo que completará un aumento del 65 por ciento para todo el año.
Además, se incorporó una instancia de revisión para cuando la inflación supere los porcentajes acordados o, si eso no sucede, en la primera quincena de septiembre. Fue la misma oferta aceptada por los docentes, la que incluyó otros ítems de aumento, aunque los autoconvocados se debatían si la aceptaban o no.
La confirmación de una ley la dio la ministra de Hacienda, Marisa López, quien indicó que "se deben generar cargos para poder incorporar el personal contratado porque no alcanzan las vacantes que se pueden generar con el sistema de puntos que tiene el Ejecutivo". Con dicho sistema, cada repartición de la administración cuenta con una determinada cantidad de puntos para su plantilla de personal. Para hacer una incorporación, se debe disponer de puntos, los que se generan por jubilaciones, renuncias o fallecimientos. A su vez, cuando hay puntos disponibles, en la mayoría de los casos, se utilizan para hacer recategorizaciones. Así, López dijo que "hoy no podemos incorporar a todos porque no hay manera que una repartición genere la cantidad de puntos necesarios para cubrir todos los contratos que tiene".
Sobre el corte fijado a fines de 2018, la ministra dijo que "tiene que ver con el costo que significa, porque cualquier ingreso genera una asignación de recursos que va a tener impacto en las arcas del Estado", monto que hasta el momento no está calculado. Además, dijo que "el objetivo es favorecer al que más tiempo lleva esperando". Por otro lado, aclaró que "los ingresos generalmente se hacen en las categorías más bajas. Son los casos de los administrativos, con categoría 12, maestranza, y los casos de profesionales, con categoría 20".
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