La falta de explotación de los recursos naturales impide a la Argentina generar importantes recursos económicos. Muchas veces, son otros países los que aprovechan la falta de políticas locales.
Política
La Argentina tiene un litoral marítimo de miles de kilómetros y un potencial pesquero desaprovechado. La falta de inversión y de políticas a largo plazo impide que se exploten recursos naturales que podrían generar cifras millonarias en dólares.
A eso se sima otro problema. No sólo el país no obtiene los beneficios económicos que podría tener sino que, además, por falta de control, flotas pesqueras de otras naciones depredan los recursos argentinos por operar dentro de la zona exclusiva de la Argentina.
En las últimas horas, la canciller argentina, Diana Mondino, firmó en Nueva York un acuerdo que permitirá que se creen sectores de protección marítima al borde del Mar Argentino.
Con la decisión del gobierno de Javier Milei, la Argentina se sumó a los 90 países que ya lo habían rubricado con antelación. Se trata del acuerdo de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, (también conocido como BBNJ por sus siglas en inglés).
Acciones en curso
El convenio internacional pretende instaurar la distribución justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos marinos; las evaluaciones de impacto ambiental; el fomento de la capacidad y la transferencia de tecnología; y la implementación de herramientas de gestión, además de la creación de muchas áreas de protección marina.
En ese marco, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), a través de un comunicado, apoyó el compromiso que acaba de firmar el Gobierno Nacional con las Naciones Unidas para permitir la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales y evitar así la pesca indiscriminada de barcos extranjeros en la milla 200.
Al respecto, Raúl Cereseto, presidente de la FULASP, manifestó que “se trata de un paso importantísimo para proteger y avanzar en una extracción responsable de los recursos marinos y para evitar la depredación diaria que ejercen cientos de barcos extranjeros que sobreexplotan el ecosistema sin control.”
La entidad había difundido, en septiembre de 2023, un informe sobre las pérdidas millonarias que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), produce a las naciones en desarrollo.
En particular, la Argentina se ubica en el tercer puesto entre las naciones más perjudicadas y como el mayor damnificado de Latinoamérica.
Pérdidas millonarias
A nivel global, las pérdidas se estiman en hasta US$ 50.000 millones, y, según el estudio, la Argentina pierde anualmente hasta US$ 3.500 millones por esta práctica ilícita, sólo superada por los casi US$ 12.000 millones que pierde África, en su conjunto, y los US$ 4.000 millones que le son hurtados a Indonesia.
A nivel regional, en América Latina la Argentina encabeza el 0ranking de mayores pérdidas económicas, en promedio casi siete veces más que Perú (US$ 500 millones) y casi doce veces más que Chile (US$ 300 millones).
El informe detallaba que este tipo de práctica representa hasta un 30% de las actividades del sector pesquero mundial, con un volumen de negocios anual estimado entre US$ 10.000 y US$ 23.000 millones.
En otro orden, el trabajo también señalaba que la mayor parte (60%) de los buques industriales y semindustriales involucrados en la pesca ilegal tienen bandera asiática (sobre todo de origen chino), mientras que la cuarta parte restante se corresponde con embarcaciones de países de América Latina, África y Europa, respectivamente.
Sobrepesca peligrosa
En el caso de las empresas involucradas, el 80% también ostenta capitales ligados al gigante asiático.
Según el informe, el ranking argentino comenzó a forjarse hace unos 25 años, cuando la flota china empezó a operar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), enfrente de las costas de la Patagonia.
Actualmente, con casi 3.000 barcos, China construyó, en dos décadas, la flota pesquera más grande del mundo.
Además de la depredación de los recursos, “esta situación representa una competencia injusta en su totalidad para la industria pesquera nacional, puesto que numerosas embarcaciones extranjeras remuneran a sus trabajadores con salarios de 200 dólares al mes, lo que totaliza alrededor de 4.000 dólares mensuales para una tripulación promedio de 20 personas. En contraste, para un barco argentino, los mismos servicios implican un coste superior a los 50.000 dólares”, añadió Cereseto.
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