Conflicto por el presupuesto educativo: qué pasa en las universidades nacionales

Esta semana las imágenes sorprendieron a estudiantes y docentes, y lograron repercusión internacional: los ascensores de la Facultad de Medicina de la UBA paralizados, los pasillos y halls de varias facultades a oscuras, las calderas apagadas. El conflicto por el presupuesto educativo viene creciendo desde principio de año y, a pesar de los anuncios oficiales, aún no está resuelto. La Universidad de Buenos Aires no es la única afectada: el recorte de los fondos repercutió en cada una de las 57 universidades nacionales, desde el Norte hasta la Patagonia. Entre todas suman unos 2 millones de estudiantes.

El martes 23 de abril, la Marcha Federal Universitaria movilizará a las universidades públicas de todo el país en reclamo de un mayor presupuesto, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Aunque el Gobierno nacional anunció el jueves una propuesta de mejora –un 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios–, desde las universidades afirman que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada y sostendrán la medida del martes.

 Si bien desde el Ministerio de Capital Humano se anunció que habían llegado a una “propuesta consensuada” con las universidades, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –el organismo que nuclea a los rectores– lo desmintieron y dijeron en un comunicado que “no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno”.

Las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación se reunirán el próximo martes 30 de abril; la agenda del encuentro “incluye el financiamiento junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades”, señalaron desde la Secretaría. También hubo el viernes una reunión de funcionarios nacionales con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

 “No hubo acuerdo porque no hay negociación abierta. Solo hubo un anuncio del gobierno por redes: esperamos ver los detalles pronto. Anunciaron un 140%, pero el reclamo es una actualización del 280%, porque la inflación 2023 fue del 211% y la de 2024 acumula 60%. Estamos a mitad de camino”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

La caída del salario docente es uno de los reclamos principales de las casas de estudio y del Frente Sindical de Universidades (FSU), que rechazó la oferta de 8% de aumento para abril, en la misma semana en que se conocieron elevados aumentos de sueldo con fondos públicos para funcionarios del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores. Desde CONADU, uno de los gremios que forma parte del FSU, señalaron que el salario de los profesores hoy se encuentra un 29% por debajo del nivel de abril de 2023.

El conflicto universitario se venía anunciando desde hace al menos dos meses: ya en febrero los rectores congregados en el CIN habían advertido que estaba en riesgo su “pleno funcionamiento” por falta de fondos, por el congelamiento del presupuesto 2023. En ese momento también el Consejo Superior de la UBA –la única universidad nacional que no participa del CIN– había expresado públicamente su “extrema preocupación” por el financiamiento de la educación superior.

Las autoridades del CIN se reunieron varias veces con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Desde el CIN han valorado la disposición de estos funcionarios al diálogo, aunque los intercambios subieron de tono en el último Plenario de Rectoras y Rectores celebrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El último comunicado del CIN insistió: “Entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria”. La preocupación por la “previsibilidad” y por las condiciones para garantizar un “normal funcionamiento” se repite en los testimonios de distintos rectores universitarios.

Qué pasa en las universidades

Desde la Universidad Nacional de Córdoba –que tiene unos 170 mil estudiantes de grado y es la más antigua del país– explicaron que a fines de marzo el Consejo Superior “aprobó un esquema de asignación de recursos en un escenario de incertidumbre presupuestaria, al no contar con una Ley de Presupuesto y por el proceso de desactualización de las partidas para gastos de funcionamiento”.

Esa política busca mejorar la eficiencia en el gasto y establece prioridades en la asignación de recursos “para garantizar las actividades esenciales de la UNC: enseñanza, inclusión, extensión e investigación”. Esto implica financiar el funcionamiento de las facultades y hospitales, el sostenimiento de las becas y ayudas económicas para estudiantes, y las actividades de investigación y extensión.

“Si bien el Gobierno nacional incrementó los gastos de funcionamiento de las universidades en un 70% (y ahora dio otro 70%), esos fondos tienen un retraso en relación con una inflación del 280%”, dijeron desde la UNC. También plantearon la “imprescindible necesidad” de que continúen las actualizaciones de los recursos remitidos por el Estado Nacional.

Esta semana, un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de Córdoba (OTES Cba) advirtió que las universidades de Córdoba, Villa María y Río Cuarto habían ejecutado en tres meses el 70% de su presupuesto asignado para todo el año (el dato es previo al anuncio oficial de un nuevo aumento en mayo). El martes, la marcha en Córdoba capital partirá a las 11 hs desde el Monumento de la Reforma (en Ciudad Universitaria) y avanzará hacia la zona del Patio Olmos.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la tercera del país en cantidad de estudiantes (más de 113.000), también participará de la marcha el martes. Durante la semana pasada realizaron varias clases públicas para visibilizar el conflicto. “Nos encontramos en una situación presupuestaria difícil, como todo el sistema de educación superior y de ciencia y tecnología en el país. Aun así, estamos funcionando y tenemos la firme intención de seguir haciéndolo para beneficio y tranquilidad de nuestra comunidad”, dijo Martín López Armengol, presidente de la UNLP.

Sobre la situación particular de la UNLP, López Armengol planteó: “Tenemos preocupaciones presupuestarias relacionadas con salarios, gastos de funcionamiento, tarifas y renovación de sistemas de becas. Ante estos problemas, nuestra misión es gestionar para evitar que repercutan en nuestra Universidad, en particular, y en el sistema universitario y de ciencia y técnica en su conjunto”.

Con respecto al contexto general del sistema, expresó: “Las universidades públicas necesitamos tener mayor respiro y tranquilidad para planificar y dar previsibilidad a la actividad de nuestras facultades, colegios y centros e institutos de investigación. Porque, de fondo, más allá de lo esencial que resultan las cuestiones presupuestarias coyunturales, el debate que queremos dar como funcionarios y universitarios es poner sobre la mesa la importancia trascendental que tienen la universidad pública y la ciencia y la tecnología para el desarrollo soberano e inclusivo de la Argentina”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tiene 33 sedes distribuidas en 13 provincias y se especializa en carreras de ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas, todas áreas estratégicas para el desarrollo del país. “Estamos atravesando un estado de desesperación, funcionando con el mismo presupuesto de octubre de 2022. Aún no nos depositaron el 70% de aumento anunciado en marzo”, sintetizó Rubén Soro, rector de la UTN.

“En la comisión de presupuesto hemos definido que no podremos hacer recategorizaciones de docentes y no docentes, debemos suspender algunos eventos y proyectos, vamos a mantener las becas propias pero los montos serán más bajos de lo que habíamos previsto”, explicó Soro.

“Vamos a dejar de hacer algunas cosas para poder garantizar el funcionamiento. Las reuniones y concursos serán virtuales. Las obras de infraestructura están paradas, se cerraron muchas convocatorias de equipamiento y fortalecimiento de la ciencia. Todo este ‘ahorro’ implica perder calidad educativa y de gestión. Los salarios están garantizados, pero se encuentran en un nivel muy bajo”, continuó.

“La educación superior no está en la agenda de las políticas de Estado. Nos están haciendo mucho daño, nos destratan, nos acusan de adoctrinar y de hacer gastos superfluos. La educación es parte de la solución a la crisis, no del problema”, planteó el rector. A pesar del escenario actual, se mostró optimista: “La universidad va a terminar de pie. No vamos a cerrar nuestras puertas”.

La situación también es crítica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que tiene más de 92 mil estudiantes. “No estamos pidiendo holgura para hacer lo pendiente o lo planificado: somos conscientes de la situación del país. Solo pedimos una actualización razonable, que acompañe el proceso inflacionario. En el primer trimestre de 2023, nuestra factura de luz fue de 80 millones de pesos; en el mismo período de 2024, la cifra ascendió a 250 millones. Tuvimos que hacer frente a ese gasto con el mismo presupuesto”, dijo el rector, Franco Bartolacci.

Bartolacci aseguró que “van a resguardar” las actividades esenciales de la universidad y subrayó la preocupación por los salarios docentes. Además, consideró que el aumento del 70% anunciado el jueves por el Gobierno nacional “es un pequeño paso adelante que reconoce lo que venía planteando el sistema universitario y científico”, pero agregó que “es insuficiente respecto a la situación general”.

“Toda la comunidad universitaria está haciendo un esfuerzo enorme. Si no, no hay manera de explicar que estemos funcionando en abril de 2024 con los mismos recursos que en septiembre de 2022. Hemos sostenido hasta ahora todas las actividades académicas e institucionales, pero semana tras semana la situación se hace más difícil”, explicó el rector.

De manera previa a la marcha del 23, la UNR organizará el domingo a la mañana la “Expo Universidad Pública” en Calle Recreativa. A las 15 hs habrá una concentración “en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional” en las escalinatas del Parque España. El lunes 22, en tanto, habrá “diálogos” sobre el conflicto universitario en todas las facultades y en las escuelas de la UNR.

Un escenario de incertidumbre

En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que tiene sedes en Corrientes y Chaco, denuncian que la participación de la institución dentro del presupuesto universitario total viene cayendo en los últimos años. Según informó la universidad, la UNNE pasó de recibir un 2,89% del total del presupuesto universitario en 2016 a un 2,66% en 2023.

“En materia presupuestaria nos enfrentamos a la situación con finanzas ordenadas, pero estamos supeditados al envío de fondos de gastos de funcionamiento que hasta ahora son los del presupuesto reconducido. Tuvimos que hacer algunas priorizaciones de partidas que permitan atender actividades sustantivas, en especial las orientadas a la población estudiantil”, describió el rector, Omar Larroza, en un comunicado difundido por la UNNE.

Larroza se refirió particularmente a la preocupación por el aumento de la tarifa de energía. Pero señaló: “Estamos administrando con responsabilidad, con inteligencia, haciendo un gran esfuerzo para que la Universidad no se resienta en este momento de crisis”.

El alza de las tarifas también golpeó a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde la factura de luz pasó de representar el 20% al 70% del presupuesto disponible, según dijo el rector Enrique Mammarella en una entrevista con UNO Santa Fe. La UNL presentó una nota dirigida a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en conjunto con las universidades de Rafaela y Rosario, con el objetivo de acordar estrategias de pago.

Mammarella también enumeró algunas medidas que tomaron, como recortar horas extras remuneradas, reducir viáticos y viajes, así como suspender el catering en todos los eventos. “Estamos trabajando en medidas para reducir el gasto de los servicios básicos. Muchas de las actividades que teníamos pensadas para el primer semestre serán postergadas al segundo”, explicó el rector de la UNL. Y señaló que, si bien a corto plazo estiman que no se verá afectado el dictado de clases, hay gran incertidumbre con respecto al mediano y largo plazo.

En la Universidad Nacional de Salta (UNSa) organizaron esta semana un abrazo simbólico, una medida que se repetirá la semana que viene en la Universidad Nacional de Tucumán. En su última sesión, los senadores provinciales de Salta aprobaron por unanimidad una declaración de “respaldo y compromiso con la universidad pública y gratuita como un instrumento insustituible de movilidad social ascendente”, y expresaron su apoyo a las manifestaciones.

“Es un momento que convoca a la unificación de esfuerzos por parte de todos los que creemos en las universidades públicas como instituciones fundamentales de nuestra vida social”, dijo Daniel Hoyos, rector de la UNSa, en un comunicado difundido por la universidad. En Salta capital, la marcha del martes se concentrará a las 16 hs en el Monumento 20 de Febrero y concluirá en la Plaza 9 de Julio.

Con respecto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, el panorama “no escapa a la situación general del sistema universitario público”, dijo el rector, Alfredo Lazzeretti. “Si bien la UNMdP no atraviesa una situación tan dramática en el corto plazo, está claro que más temprano que tarde nos va a alcanzar el problema”, afirmó.

“Creo que sería muy positivo que el Congreso nacional, que tiene tanta incidencia en la vida de las universidades nacionales –las crea por ley, puede intervenirlas, las controla a través de la Auditoría General de la Nación–, se haga eco de esta situación y vote un presupuesto parcial para los meses que quedan por delante”, planteó el rector.

Según Lazzeretti, una ley específica de presupuesto “podría dar a las universidades un cierto horizonte de previsibilidad, al poder contar con los fondos que nos permitan tener las puertas abiertas y garantizar el funcionamiento”.

En la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) también preocupan los aumentos en los servicios básicos: la última factura de luz ascendió a 45 millones de pesos. Desde la UNLaM mencionaron además la necesaria “recomposición salarial de docentes y no docentes” y advirtieron sobre dificultades con varias obras que estaban en su etapa final y quedaron paralizadas porque “desde hace 5 meses no reciben los fondos necesarios”.

Entre esas obras, mencionaron el edificio de Odontología, el Centro de Salud “Dr. Ramón Carrillo” y la residencia estudiantil. El primero es necesario “para poder poner en marcha la carrera de Odontología en 2025″, explicaron. El Centro de Salud, en tanto, estará destinado a la formación de residentes de las carreras de Ciencias de la Salud. Mientras que la residencia estudiantil ofrecerá alojamiento a estudiantes extranjeros que cursen en la UNLaM “gracias a un sistema de intercambio académico que les permitirá a nuestros estudiantes continuar sus estudios en otras universidades del mundo”.

Otras casas de estudios del conurbano también han expresado, en diversos tonos, su preocupación por la situación presupuestaria. Entre ellas, se han pronunciado las universidades de Lomas de Zamora (UNLZ), Hurlingham (UNAHUR), Quilmes (UNQ) y Arturo Jauretche (UNAJ). Cada una de ellas tiene entre 30.000 y 40.000 estudiantes, según los últimos datos oficiales (de 2022).

En la Universidad Nacional de Cuyo, en tanto, las autoridades informaron que las solicitudes de becas crecieron 39%, según publicó El Sol. En Mendoza, la marcha del martes partirá desde el Campus de la UNCuyo a las 16 hs y habrá una concentración en Plaza Independencia a las 18 hs. “Las universidades no adoctrinan sino que democratizan la palabra. Las universidades son aquellos espacios en los que se escucha a las diversas voces, en las que se trabajan todas las ideas”, expresó la rectora, Esther Sánchez, en un comunicado difundido por la universidad.

La Universidad Nacional del Comahue, con sedes en Neuquén y Río Negro, es la más grande de la Patagonia. Ahí ya redujeron servicios de limpieza y telefonía. Además, la universidad tiene una deuda de 19 millones de pesos con Aguas Rionegrinas que no puede afrontar, según declaró la rectora, Beatriz Gentile, en un comunicado.

Gentile también expresó preocupación por las tarifas y fue una de las rectoras que confrontó con los funcionarios nacionales en el plenario en la UNSAM la semana pasada. Allí dijo: “En 1970 éramos 24 millones de habitantes, y la matrícula universitaria era de 200.000. En el año 2013, la población argentina era de 42,5 millones y la matrícula universitaria era de 1.500.000 estudiantes. Es decir que, en 40 años, la población creció un 77% y la matrícula universitaria creció un 750%. Ningún país que se pretenda desarrollado o emergente puede mirar esto como un fracaso: al contrario. Yo no voy aceptar un diagnóstico decadentista de la historia argentina, y menos de la universidad. No hay que pensar en cómo destruimos lo que tenemos, sino cómo lo mejoramos”.

Fuente: Infobae