Triple femicidio en Buenos Aires: entre el narcomenudeo, la impunidad y los silencios del Estado

El asesinato de tres adolescentes en el sur del conurbano bonaerense expone una trama de narcotráfico, disputas territoriales, negligencia institucional y silencios políticos. El periodista Hugo Alconada Mon analiza el caso como síntoma de un sistema que se descompone desde adentro.

El crimen de Magalí, Ludmila y Abigail, tres adolescentes de entre 15 y 17 años, no es solo una tragedia. Es, como sostiene el periodista Hugo Alconada Mon en su análisis para La Nación, “una radiografía de lo que ocurre cuando el Estado se retira y el delito ocupa el vacío”. El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela el 23 de septiembre de 2025 no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el emergente de una estructura que mezcla narcomenudeo, connivencia política, precariedad social y desidia institucional.

Las tres adolescentes fueron halladas sin vida en un descampado de la zona sur del conurbano. Habían desaparecido horas antes, tras salir juntas de una vivienda en el barrio San Rudecindo. La investigación inicial fue errática, marcada por demoras, contradicciones y falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad. La Policía Bonaerense, la Policía de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal y los gobiernos municipal y provincial se cruzaron acusaciones mientras los cuerpos eran velados por sus familias.

Alconada Mon reconstruye el caso con precisión quirúrgica: “Las chicas vivían en contextos de vulnerabilidad extrema. Algunas con antecedentes de consumo, otras con denuncias previas por violencia. Ninguna recibió atención sostenida del Estado. Ni antes, ni durante, ni después del crimen”.

Uno de los ejes más inquietantes del análisis es la presencia activa de bandas narco locales, que operan en Florencio Varela con protección política y policial. Según fuentes citadas por el periodista, el triple crimen podría estar vinculado a una disputa territorial entre grupos que controlan el narcomenudeo en la zona. “No se descarta que haya sido una represalia, un mensaje mafioso o una advertencia interna”, señala Alconada Mon.

El periodista también revela que en el barrio donde vivían las víctimas hay punteros políticos que reparten droga, y que algunos de ellos tienen vínculos con funcionarios municipales. “La economía narco se mezcla con la política barrial, con los comedores, con los planes sociales. Es un ecosistema que se retroalimenta”, advierte.

El análisis apunta con dureza a la fragmentación institucional que impide una respuesta eficaz. “Hay recelos entre jurisdicciones, falta de coordinación entre fuerzas, y una lógica de competencia que termina favoreciendo la impunidad”, escribe Alconada Mon. En el caso de Florencio Varela, la investigación quedó atrapada entre la Policía Bonaerense, la Policía de la Ciudad (que intervino por cercanía), la fiscalía local y el Ministerio de Seguridad provincial, sin una conducción clara.

Además, el periodista denuncia la falta de políticas públicas sostenidas para abordar el consumo adolescente, la violencia de género y la criminalidad organizada. “No hay estrategia integral, ni coordinación entre áreas, ni recursos suficientes. Hay parches, discursos y abandono”, afirma.

Magalí, Ludmila y Abigail no eran parte de ninguna estadística oficial. No estaban bajo seguimiento de ningún programa estatal. No tenían acceso a espacios de contención ni redes de protección. “Eran invisibles para el sistema, hasta que aparecieron muertas”, escribe Alconada Mon con crudeza.

El periodista también cuestiona el tratamiento mediático del caso, que en algunos sectores cayó en la estigmatización de las víctimas, asociándolas al consumo o a entornos delictivos. “La narrativa del descarte social se activa rápido. Se busca justificar el crimen por el contexto, cuando lo que debería indignarnos es que ese contexto exista”, reflexiona.

El triple femicidio de Florencio Varela deja una pregunta abierta: ¿qué hará el Estado para evitar que esto se repita? Alconada Mon no ofrece respuestas fáciles, pero sí una advertencia: “Si no se interviene con decisión, si no se rompe la connivencia entre política, policía y delito, si no se protege a los más vulnerables, esto va a volver a pasar. Y no será una excepción, será la norma”.

El caso ya generó reacciones en organismos de derechos humanos, sectores judiciales y algunas voces políticas. Pero la pregunta de fondo sigue vigente: ¿cuántas Magalí, Ludmila y Abigail más deben morir para que el Estado deje de mirar para otro lado?