Bullrich agradeció el gesto de Bukele y señaló una disminución de 35% de los homicidios narco en Rosario

Las maras centroamericanas se formaron en las prisiones y se transformaron en un problema mayúsculo para la seguridad pública en varios países. De ese tema conoce mucho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien luego de su contundente triunfo electoral hizo público su oferta de asistencia a nuestro país. Incluso nombró a la ministra Patricia Bullrich. La funcionaria nacional se mostró agradecida por la propuesta, que había escuchado al hablar con el enviado de Bukele a la asunción del presidente Javier Milei. Es posible un viaje a El Salvador para conocer allí lo realizado en las prisiones. Una opción que todavía no avanzó de la etapa de propuesta. Pero si está interesada la ministra en el intercambio de experiencias.

“Son realidades diferentes, las maras son diferentes a las bandas que tenemos en la Argentina, pero nos interesa conocer cómo hicieron para tener 450 días sin homicidios, las reformas legislativas que llevaron adelante, tal como escuchamos también la experiencia de otros países, como la llamada microtráfico 0 de Chile. En todo caso, son temas de los que se puede aprender y adaptar a nuestra realidad”, comentó Bullrich.

El problema narco en las cárceles tiene particular peso en las decisiones oficiales, ya que el Ministerio de Seguridad tiene información sobre algunos posibles movimientos del Primer Comando Capital en los penales de máxima seguridad de Santa Fe. Detenidos intentarían formar una agrupación que supuestamente responda a la colonizadora megabanda brasileña. Las autoridades siguen con atención ese tema, aunque aún no se cuenta con datos certeros sobre si esos presos juegan un partido a nombre propio o si realmente tienen relación con el PCC. Dado que en esos penales santafesinos están alojados varios de los lugartenientes de las bandas rosarinas, el dato será seguido con atención.

 Rosario representa el más fuerte desafío a la seguridad pública en la Argentina. La tasa de homicidios anual de 22 muertes cada 100.000 habitantes es, al menos, cuatro veces mayor al promedio nacional. Todo por la expansión de la violencia originada en el narcomenudeo. Hace tiempo que ese foco criminal causa fuerte preocupación política. Y desde el pasado 2 de enero se inició un nuevo plan con apoyo federal para bajar esos sangrientos índices, cuyo resultado en el primer mes de implementación dio un cauto optimismo a las autoridades. Así lo expresó la ministra Bullrich, al presentar una disminución de 35 por ciento los asesinatos en el primer mes de este año con relación a lo registrado en el mismo período de 2023.

 “Se avanzó hacia un sistema trabajo diferente al que se había desarrollado hasta ahora, con inspecciones de vehículo mas intensas en las zonas en las que se acordó con el gobierno de Santa Fe para el despliegue de las fuerzas federales, en los barrios Empalme Granero, Ludueña, Tablada y General Las Heras, y los datos de enero marcan que bajaron 57 por ciento los homicidios en la vía pública en esos lugares con relación a enero del año pasado y que en todo Rosario hubo 35 por ciento menos de asesinatos”, señaló la ministra Bullrich.

La indicación sobre homicidios cometidos en la vía pública tiene que ver con la mecánica delictiva que se visualiza en esa ciudad, en la que la mayoría de los casos se producen en ajustes de cuentas callejeros. Dentro de viviendas las muertes, por lo general, tienen que ver con otra clase de conflictos, especialmente violencia intrafamiliar, que quedan por su propio origen más alejados de la capacidad de anticipación estatal. El objetivo central del llamado Operativo Bandera es, para las autoridades nacionales, frenar la capacidad de movimiento de las bandas narco.

“Producto del desborde en Rosario aumentaron en los últimos años los homicidios y las que llamamos organizaciones multirubros. Nos preocupa especialmente el modelo de extorsión a comerciantes”, dijo Bullrich, acompañada por sus colaboradores Vicente Ventura Barreiro, Martín Verrier y Sebastián García De Luca. Para colaborar con el gobierno de Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Seguridad asignó 3049 efectivos federales a las zonas de mayor peso narco en Rosario y 280 forman parte de un equipo especial de investigaciones en esa ciudad.

De los 17 homicidios notificados en enero de 2023 en las calles rosarinas se pasó a 11 en el primer mes de este año, Si se toman en cuenta las muertes violentas dentro de viviendas en esos períodos, las cifras pasan a 20 y 18, respectivamente. Pero más allá del conteo de víctimas mortales, el esquema de trabajo focalizado en zonas específicas permite, en la mirada de las autoridades, poner bajo presión a las organizaciones criminales al limitar su capacidad de movimientos en barrios donde históricamente tienen sus centros de reclutamiento de tiradores y acopio de armas y drogas.

En ese plan cobran peso propio las cifras de control y en ese sentido el Ministerio de Seguridad expuso que durante enero pasado fueron identificadas 119.437 personas -situación que derivó en 84 arrestos- y fueron inspeccionados en retenes 61.390 automóviles y 31.783 motos. Esa intensidad de chequeos -que no se limita solo a la presentación de papeles de vehículos- tiene el objetivo de mostrar a las bandas que ya no tendrán libertad de circulación en esas zonas, según explicó la ministra de Seguridad. También se consignó el decomiso de 56 kilos de cocaína como parte de una de las investigaciones realizadas en Rosario.

 Ese plan de pacificación de barrios rosarinos tiene el Operativo Bandera como elementos disuasivo en el terreno, con los mencionados controles y patrullajes de trinominos para acercarse a los vecinos, y también un eje de trabajo importante en las cárceles a partir del traspaso del Sistema Penitenciario Federal a la órbita del Ministerio de Seguridad. Quebrar el circuito de comando, control y comunicaciones entre los jefes narco detenidos y las bandas operativas es uno de los puntos centrales.

El narco emblemático rosarino Guille Cantero quedó aislado en el penal de Marcos Paz luego de implementarse el proyecto de control de presos de alta peligrosidad, presentado la semana pasada por la ministra Bullrich. El jefe de Los Monos no podrá compartir pabellón con otros reos y hasta sus salidas al patio de recreación serán en soledad. Ese sistema de vigilancia especial también se aplica en el complejo penitenciario de Ezeiza, donde algunos presos llevan adelante una medida de huelga de hambre en un intento de revertir la situación.