Entre los que recibieron la pena máxima se encuentran el exfiscal federal Juan Carlos Yanello y Jorge Antonio Olivera.
DestacadaEl Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) dio en la tarde de este viernes el veredicto contra 24 implicados por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura, dado que los 12 restantes fallecieron en el transcurso del proceso o fueron apartados porque sufren graves problemas físicos o psíquicos.
Siete de los imputados recibieron perpetua: Jorge Antonio Olivera, Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Francisco Del Torchio, Juan Carlos Coronel, Miguel Ángel Mejías y Juan Carlos Yanello.
Mientras que hubo 9 castigos temporales:
*Eusebio Jurczyszyn: 12 años
*Marcelo Edgardo López: 10 años
*Andrés Walter Alderete: 8 años y 6 meses
*Juan Carlos Turón: 4 años
*Rubén José Mondaca: 7 años
*Eduardo Ernesto Traverso: 6 años y 6 meses
*Felipe Pedro Molina: 9 años
*Alfredo Medina: 7 años
*Jorge Manuel Laiseca: 5 años
Los otros fueron absueltos: Carlos Antonio Saavedra, Carlos Alberto Olha, Carlos Ángel Castro, Norberto José Trigo, Horacio Antonio Estrada, Miguel Ángel Bergounian, Gustavo Adolfo La Fuente y Ricardo Claudio Kalisinsky.
El 25 de junio de 2019 arrancaba el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura con 36 imputados. Tras los testimonios, la reproducción de pruebas y los alegatos de Fiscalía y los defensores, el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) fio hoy el veredicto contra 24 implicados, dado que los restantes fallecieron en el transcurso del proceso o fueron apartados porque sufren graves problemas físicos o psíquicos.
De los involucrados, el representante del Ministerio Público, Dante Vega, solicitó condenas para 23 de ellos, entre las que sobresalían los pedidos de perpetua al exfiscal federal Juan Carlos Yanello, al temible grupo de tareas del RIM 22, encabezado por Jorge Antonio Olivera e integrado por Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Francisco Del Torchio y Juan Carlos Coronel, y al expolicía Miguel Ángel Mejías.
La resolución la dio Alberto Carelli, Paula Marisi (ambos de Mendoza) y Gretel Diamante (San Luis), quienes reemplazaron a jueces federales sanjuaninos, dado que, al momento del inicio del debate, el Tribunal carecía de magistrados locales y uno de ellos se había excusado por haber intervenido en otras instancias de la causa.
La sentencia marca, además, el final de los llamados megajuicios por delitos de lesa humanidad, por lo que quedarán algunos expedientes contra procesados que estuvieron prófugos y fueron recapturados o aquellos en los que se incorporó alguna figura delictiva a los actuales acusados.
El tercer megajuicio fue el más grande, no sólo por la cantidad de imputados, sino porque contemplaba los casos de unas 150 víctimas, entre las que se encuentran desapariciones, fusilamientos hechos pasar por enfrentamientos, torturas, privaciones de la libertad, abusos sexuales, entre otros. Además, declararon cerca de 100 testigos.
Además de los pedidos de perpetua, Vega había solicitado 20 años de prisión para Eusebio Jurczyszyn, 17 para Marcelo Edgardo López, 15 para Carlos Ángel Castro y Andrés Walter Alderete, 11 para Norberto José Trigo, 10 para Horacio Antonio Estrada, 9 años y 6 meses para Juan Carlos Turón y Rubén José Mondaca, 9 para Eduardo Ernesto Traverso, Miguel Ángel Bergounian y Felipe Pedro Molina; 8 años y 6 meses de cárcel para Alfredo Medina, 8 para Gustavo Adolfo La Fuente, 7 años y 6 meses de prisión para Ricardo Claudio Kalisinsky y Carlos Antonio Saavedra y 7 para Jorge Manuel Laiseca. A su vez, el fiscal no acusó a Carlos Alberto Olha.
El último megajuicio tuvo la particularidad del juzgamiento de la pata judicial, con el exfiscal Yanello, el que fue acusado por Vega de ser partícipe primario en 13 homicidios agravados, en 65 hechos de tormentos y privación ilegal de la libertad, en cinco casos de abusos sexuales y en dos de robo. En líneas generales, consideró que Yanello, en su entonces rol de funcionario judicial, miró para otro lado y no investigó los planteos de familiares ni los relatos de las víctimas que advertían que sufrían todo tipo de torturas. De esa manera, fue un resorte clave para asegurar la impunidad de los autores materiales.
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