El miércoles 13 de julio, un día antes de la masiva movilización de la Unidad Piquetera a la Plaza de Mayo en reclamo de un bono de $20 mil para trabajadores precarizados, la apertura del Potenciar Trabajo, el salario básico universal y un pedido para ser recibidos por la nueva ministra de Economía Silvina Batakis, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución que colocó aún más tensión con las organizaciones sociales.

El Ministerio de Desarrollo Social creó Unidades de Evaluación para tener un mayor control sobre los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y verificar si efectivamente realizan la contraprestación laboral de cuatro horas diarias a cambio de la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El anuncio de la decisión de la cartera que conduce Juan Zabaleta se produce semanas después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner arremetió contra las organizaciones sociales y sostuvo que el “Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

Es que son las organizaciones sociales como el Polo Obrero, por tan solo citar un ejemplo, las que definen a dónde realiza la contraprestación cada persona. En el Potenciar Trabajo hay acuerdos con empresas textiles, de alimentos, la economía del cuidado y recolección, entre otros. En el Ministerio niegan que el lanzamiento de estas unidades esté vinculado a los dichos de la expresidenta.

De acuerdo a la resolución 835/2022 estas Unidades de Evaluación deberán controlar que los beneficiarios del Potenciar Trabajo efectivamente cumplan con la contraprestación laboral por la que reciben el pago como así también que los beneficiarios tengan buenas condiciones de trabajo o efectivamente reciban la capacitación para la que se anotaron. Buena parte de estos controles serán realizados por Universidades Nacionales con las que se sellarán acuerdos. El texto señala que se busca “identificar necesidades de capacitación, promoción del trabajo e integración social con la finalidad de mejorar la empleabilidad y formación de los titulares”.

Las organizaciones sociales creen que Cristina Kirchner está detrás de la auditoría

Pero para las organizaciones sociales la puesta en marcha de la iniciativa no es más que otro capítulo de tensión con el Gobierno. Una pelea cuyo foco principal se centra en la negativa de la Casa Rosada a expandir el Potenciar Trabajo, que actualmente tiene 1,3 millones de beneficiarios. “Lo interpretamos como una ofensiva contra las organizaciones, que se agudizó luego del discurso de Cristina Kirchner”, dijo el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

El plan de Cristina Kirchner consiste en que los municipios y las provincias tengan el control de los planes, un deseo que esconde la preocupación de la Vicepresidenta por un crecimiento de la Izquierda en el conurbano bonaerense. Este medio pudo saber que la situación genera inquietud en diversos dirigentes de La Cámpora. Contener y reagrupar a los jefes comunales de cara a las elecciones 2023 es una meta del kirchnerismo.

Como sea, estas Unidades de Evaluación se conformarán en todo el país y proveerán en forma periódica al Ministerio de Desarrollo Social el resultado de las verificaciones de cumplimiento del Potenciar Trabajo.

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Una alta fuente de la cartera de Desarrollo Social dijo que el Ministerio tiene en la mira - desde hace tiempo- el accionar de los beneficiarios nucleados en el Polo Obrero. Se habrían detectado supuestas irregularidades en el cumplimiento de las prestaciones. Belliboni negó esto y dijo que no tiene inconvenientes en que se realicen las auditorías.

“Si la finalidad es controlar no hay problema, ya ocurrió en la época de Mauricio Macri con las universidades. Además, dentro del Ministerio (de Desarrollo Social) La Cámpora ya realiza auditorias con los merenderos. En este país lo único que se audita son las organizaciones sociales”, se quejó en diálogo con este medio.

El lanzamiento de esta unidad se produce, a su vez, en un contexto de alta tensión por una serie de allanamientos a organizaciones sociales en el marco de una causa que se inició por una denuncia del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos a raíz de que varios beneficiarios de planes sociales agrupados en la Corriente Clasista y Combativa (CCC) aseguraron que desde la organización le pedían una parte del beneficio. La pesquisa es por supuesta extorsión.

En estos allanamientos se encontraron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos. La medida fue dispuesta por la juez federal de San Martín Alicia Vence.