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La Comisión Trámite Legislativo, presidida por el Frente de Todos (FdT), dio el visto bueno a un conjunto de decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2019.
PolíticaLa Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, presidida por el Frente de Todos (FdT), avaló hoy un conjunto de decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2019.
Lo hizo tras la retirada de la oposición de Juntos por el Cambio de la reunión, en la que planteó sus cuestionamientos al debate en bloque de esas normas.
El presidente de la Comisión Bicameral, el diputado nacional Marcos Cleri, del Frente de Todos (FdT) dio el visto bueno a una serie de decretos de necesidad y urgencia que el Gobierno envió desde diciembre de 2019.
La reunión se desarrolló en el Salón Eva Perón del Senado con la presencia de legisladores del oficialismo pero sin los representantes de la oposición, que expresaron su rechazo a debatir en una sola reunión los decretos y se retiraron del encuentro.
Al iniciar el encuentro, Cleri puso de relieve que se trata de la primera reunión presencial de la comisión luego de las restricciones por la pandemia y recordó que la oposición había presentado el 1 de julio pasado una nota para pedir el tratamiento de 114 decretos del Ejecutivo.
En este sentido, y en el marco de la conferencia de prensa que brinda los jueves en la Casa de Gobierno, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, aclaró que no se está hablando "de 116 DNU ni disposiciones en contra del Congreso, sino de facultades que tiene el Presidente y que por, una cuestión de usos y costumbres, se reúne la Bicameral y, aunque ya estén vencidos ,se cierra el año tratando todo lo que sucedió durante el año".
De hecho, Cerruti sostuvo que la oposición está haciendo "una burbuja muy grande en un tema habitual y normal" en el funcionamiento del Congreso, como es la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Previo al inicio de la reunión de la Bicameral, los presidentes de bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio (JxC), junto con sus integrantes de la Bicameral, brindaron una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, en la que rechazaron lo que consideraron una "maniobra del oficialismo de poner en tratamiento de forma exprés" más de un centenar de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y advirtieron sobre la "dudosa actitud constitucional" del oficialismo.
También, la exdiputada y líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, salió a cuestionar -a través de su cuenta de Twitter- la convocatoria, al afirmar que "el gobierno comienza la llamada nueva etapa con atropello institucional y rompiendo la posibilidad de acuerdos en el Congreso. El kirchnerismo tiene capacidad de daño hasta el 10 de diciembre".
Al exponer la postura de JxC en la reunión, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, volvió a plantear el rechazo a la metodología del oficialismo, al señalar que "no es correcto y no se ajusta a la legislación vigente el tratamiento de 116 decretos de manera conjunta en una sola reunión. No convalidamos ni estamos de acuerdo con esta convocatoria".
Juntos por el Cambio anticipó que planteará la invalidez de los decretos, una vez que la comisión avale los DNU.
Desde el oficialismo, la senadora del FdT por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, rechazó los argumentos de la oposición y destacó que la comisión trabajó "arduamente durante la pandemia para respaldar la institucionalidad", a la vez que acusó a JxC de tener "memoria selectiva", al recordar que el expresidente Mauricio Macri en un sólo decreto derogó 19 leyes y modificó otras 150 "con la excusa de desburocratizar".
"No vamos a permitir que una vez más, desde la oposición, se señale al oficialismo como los que cotidianamente estamos atentando contra la constitucionalidad, porque se cargaron 19 leyes y 150 modificaciones. Les pido criterio y memoria", aseveró Fernández Sagasti.
Tras explicar sus argumentos, la oposición se retiró de la reunión, en tanto que los legisladores del oficialismo continuaron el debate de los decretos, divididos en 6 módulos, según su contenido.
En la reunión, el oficialismo avaló un conjunto de DNU dispuestos desde 2020 por el presidente Alberto Fernández que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia, ampliaciones presupuestarias, amortización de las Letes, aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias, así como la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del gobierno.
El primero de los decretos incluido en la convocatoria establece la modificación a la Ley de Ministerios para modificar la denominación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que pasará a ser Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, jerarquizar nuevamente la sanidad nacional reestableciendo el Ministerio de Salud y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como la elevación a categoría de Ministerio a Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al igual que Cultura, Ciencia y Tecnología, y Ambiente y Desarrollo Sostenible.
También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como el que dispone un incremento Salarial Mínimo y Uniforme para los Trabajadores del Sector Privado en relación de Dependencia.
Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en diversas prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri.
Otro de los decretos que contempla la convocatoria es el firmado el 18 de junio de 2020, por el cual se prorroga por 180 días la renegociación tarifaria prevista en la Ley 27.541, de Emergencia Pública, y hasta el 28 de junio de 2020 la prohibición de cortar el suministro de los servicios públicos por mora.
Asimismo, en el temario se incluyó otro DNU por el cual se prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días.
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