El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se olvidó del "consenso" con los empresarios con el que buscaba ahorrarse el trago amargo de imponer precios máximos y firmó este martes por la noche una "resolución" que fija de manera unilateral los precios, repitiendo la metodología de viejos gobiernos que buscaron ese camino para intentar moderar la inflación.

Luego de una semana de eludir la firma de una resolución pese a que había anunciado incluso antes de asumir el cargo que se congelaban los precios por 90 días, Feletti resolvió firmar la resolución tras el sonoro rechazo de la Copal, principal entidad que nuclea a las alimenticias, al "acuerdo" propuesto por el funcionario.

La resolución establece que la "fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores" de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. Pese al rechazo de la Copal, Feletti aseguró que la resolución fue consensuada con el grueso de los productores, comercializadoras y distribuidoras de alimentos.

La decisión fue tomada tras tres rondas de negociaciones con empresarios y luego de que las grandes alimenticias nucleadas en la entidad que preside Funes de Rioja se opusieran al acuerdo por considerarlo "unilateral" ya que no contemplaba sus planteos de dejar  afuera a los productos premium y consolidar los aumentos que Paula Español les había concedido a una veintena de empresas a comienzos de mes. De hecho, la lista acordada contempla tanto primeras como segundas marcas, confirmaron fuentes oficiales.

Feletti decidió imponer los precios máximos mediante una resolución luego que fracasaran tres rondas de negociaciones con los empresarios y la Copal advirtiera que rechazaba la imposición "unilateral" de la medida, agregando que las alimenticias eran víctimas y no causa de la inflación.

"Cabe considerar que la medida de retrotraer los precios de los productos al 1 de octubre pasado y mantenerlos vigentes hasta el 7 de enero de 2022 fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes (tanto productoras como comercializadoras), que así lo hicieron saber a las autoridades de la Secretaría. En esa línea, el objetivo de la resolución es garantizar la competencia equitativa en todo el universo de las empresas que formaron parte del diálogo, evitando conceder privilegios al grupo minoritario que decidió oponerse al acuerdo", señalaron en el equipo de Feletti, al anunciar el acuerdo.

Feletti se mostró satisfecho con el volumen de la canasta, aunque lamentó que "en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino".

"En la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios", sostuvo el comunicado de la Copal que rechazó el acuerdo y agregó que "la industria de alimentos y bebidas expresa su voluntad de arribar a un acuerdo en materia de estabilización de precios, para lo cual convoca a un diálogo genuino en lugar de instancias de definición unilateral".

La decisión de Feletti de imponer los precios máximos con una resolución fue anticipada por el camporista "Cuervo" Larroque, quien horas antes advirtió a los empresarios que si no se plegaban al acuerdo el Estado tenía instrumentos para forzarlos a aceptarlo.

De inmediato, los cruzó el camporista Andres "Cuervo" Larroque, que viene anticipando posiciones del kirchnerismo que exceden su rol de ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.

"La vía del acuerdo es un camino, sino hay legislación vigente, está la ley de Abastecimiento, y hay una diversidad de instrumentos administrativos, que son señales para aquellos sectores que no entran en razón y no evolucionan, hay una cierta cara del sector que no entiende que se puede ganar aumentando la oferta y no aumentando los precios", afirmó el número tres de La Cámpora. Su posición horas más tarde se confirmaría con la decisión de Feletti de firmar la resolución que venía esquivando.

En la industria no sorprendió la amenaza a una aplicación de la ley de abastecimientos con la que el Estado se supone puede imponer precios.

"El argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productos de alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del índice IAB y del índice general", afirmó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal. En efecto, en lo que va del año los alimentos y bebidas subieron 36,6% y la inflación general fue del 37%.

"Frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa de la inflación sino que sufre sus consecuencias", agregó Funes de Rioja quien este lunes por la noche ya había afirmado que los congelamientos de precios históricamente "nunca funcionaron".

En la nada quedó la búsqueda de "consenso" con los empresarios que proponía el albertismo y que este mismo martes reiteró la flamante vocera presidencial, Gabriela Cerrutti.