
El asesor estrella de Milei impulsó al inspector de Asuntos Internos de la secretaría como sucesor.
A punto de perder la posibilidad de tener una zona franca en la provincia, y a 31 años de firmar la adhesión a la Ley de Creación de Zonas Francas, el gobernador Marcelo Orrego logró que no prescribiera ese derecho y recuperó la localización para el departamento del Norte.
Política


En 1994, la provincia adhirió a la Ley de Zonas Francas y se firmó un compromiso para crearla en el departamento Jáchal. Pero, desde aquella firma de convenio con el Gobierno nacional, hace más de tres décadas, los sucesivos gobiernos provinciales no lograron concretar la puesta en marcha de la zona franca en el departamento del norte.


Incluso durante la gestión anterior, después de un par de años de inacción, el Gobierno de Sergio Uñac intentó reactivar el tema, pero cambiando la localización, es decir, proponiendo que no estuviera en Jáchal sino en otro departamento. Este cambio, contrario a lo convenido oportunamente con el Gobierno nacional, terminó por entorpecer la gestión, ya que se le indicó a la provincia que, si quería relocalizar la zona franca, debería firmarse un nuevo convenio.
Cabe aclarar que contar con una zona franca como instrumento de política comercial significa tener una zona aduanera especial dentro de la provincia. Las empresas que se instalen dentro del predio podrán importar insumos y bienes de capital con el objeto de industrializar y luego exportar los productos finales libres de impuestos, y con eso lograr mayor competitividad internacional.
Por otra parte, también permite ingresar al país grandes cantidades de insumos y bienes intermedios utilizados en los procesos productivos, depositarlos dentro de la zona franca y nacionalizarlos a medida que se vayan necesitando. Esto también disminuye significativamente los costos de producción de las cadenas de valor que los utilizan.
Ahora bien, esa posibilidad —desde hace 31 años— pasó por distintas instancias, pero no logró obtener luz verde final hasta ahora, en que, gracias a gestiones encaradas por indicación expresa del gobernador Marcelo Orrego, se avanzó eficazmente para mantener el derecho de la provincia a tener zona franca y recuperar su localización en Jáchal.
Esta gestión, como en otras áreas, se encontró con una bomba de tiempo, dado que administrativamente estaban por vencer los plazos prescriptos. Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, en un principio, y luego desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación —a través de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, a cargo de Alfredo Aciar— se retomó contacto con la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación, para actualizar la documentación necesaria y cumplir con las acciones requeridas por el organismo nacional. Así, después de arduas gestiones técnicas y políticas, se logró mantener el derecho de la provincia para contar con una zona franca en el lugar donde se estableció originalmente: Jáchal.
En ese sentido, durante el presente año se conformó una nueva Comisión de Evaluación y Selección, integrada por el ministro de Producción, Gustavo Fernández; los secretarios de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; y de Desarrollo Minero Sustentable, Guillermo Olguín; junto con el asesor del Gobernador, Federico Conte Grand.
Actualmente, la comisión se encuentra trabajando en la relocalización de la nueva zona franca con perfil minero, para que se ubique en un nuevo lugar que cumpla con los siguientes requisitos:
1. que el dominio sea público;
2. que el terreno tenga al menos 40 hectáreas y cuente con servicios básicos (energía eléctrica y agua);
3. que tenga acceso a alguna de las rutas más relevantes que atraviesan el departamento Jáchal.
En suma, el Gobierno de Orrego logró en poco tiempo recuperar plenamente un derecho que beneficia a la provincia, pero principalmente a los jachalleros. Ahora se encuentra abocado a buscar un lugar óptimo, desde el punto de vista de lo que exige la legislación y las potenciales empresas que deseen participar en la administración y localización de la zona franca, para avanzar rápidamente en un nuevo proceso de licitación y poner en marcha un sueño postergado para el pueblo jachallero.




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