
El máximo tribunal rechazó el amparo del SEP y ratificó el decreto de Orrego. De acuerdo al Gobierno, los ceses se basaron en incumplimientos laborales.
El tribunal fijó penas de prisión efectiva y un resarcimiento millonario al Estado, aunque los condenados no quedarán detenidos hasta que el fallo quede firme. El debate se convirtió en uno de los más extensos de la historia judicial sanjuanina.
LocalesPasaron casi tres años de audiencias y 15 años desde la denuncia original. Este viernes 4 de julio, y en medio de una alta expectativa pública, el Tribunal Colegiado de San Juan —integrado por las juezas Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón— emitió veredicto en la histórica megacausa de expropiaciones: nueve de los doce imputados resultaron condenados a penas de prisión efectiva, entre ellos los principales acusados Santiago Graffigna y Horacio Alday.
Aunque se trata de condenas firmes en primera instancia, los condenados no irán a prisión de inmediato. Deberán presentarse del 1 al 10 de cada mes en la comisaría de su domicilio, no podrán salir del país y entregaron todos sus documentos de viaje, mientras se esperan eventuales apelaciones. Además, el fallo ordenó que devuelvan al Estado provincial $13.110 millones, monto considerado como el perjuicio económico derivado del esquema de fraude y estafa en perjuicio de la Administración Pública.
Las penas más relevantes
Santiago Graffigna: 7 años y 8 meses por asociación ilícita, fraude y tentativa de estafa en múltiples hechos.
Horacio Alday: 6 años por coautoría de fraude y estafa, y asociación ilícita. Carlos Macchi, exjuez: 6 años y 2 meses, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ana María Melvin, Mario Díaz, José Moreno, Néstor Ruiz, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos también fueron condenados con penas que oscilan entre 3 y 6 años. Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera fueron absueltos.
La situación de Fernando Videla y Pedro Bazzani quedó a la espera de una junta médica que evalúe su aptitud para afrontar juicio oral. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 4 de agosto, instancia clave para definir si la fiscalía o las defensas apelarán.
Una causa sin precedentes
La investigación se inició en octubre de 2010, cuando el gobierno de José Luis Gioja denunció un esquema de expropiaciones millonarias con sobreprecios, orquestado por abogados, jueces y funcionarios públicos. El procedimiento irregular fue confirmado en juicio, en el que se demostró cómo se manipulaban valores de terrenos expropiados para favorecer maniobras fraudulentas.
Este proceso no solo fue el más largo en la historia judicial de la provincia, sino que también compartió duración con causas de lesa humanidad y la desaparición de Raúl Tellechea. El juicio oral comenzó el 19 de octubre de 2022 y culminó casi tres años después, dejando un fuerte precedente.
Reacciones tras el fallo
El exjuez Carlos Macchi, destituido por jury antes del juicio, fue una de las figuras más resonantes, al igual que Graffigna, quien se mostró tranquilo y sin sorpresa ante la sentencia, incluso enviando gestos a su familia en la sala. Su defensa anticipó que apelará el fallo.
La fiscalía, representada por Daniel Galvani y Liliana Marinero, y la querella, a cargo de Rubén Pontoriero, se mostraron conformes, aunque con reparos: el Ministerio Público había solicitado 15 años de prisión para Graffigna, y la querella, 25 años, por lo que ahora esperarán los fundamentos antes de definir si recurren la sentencia.
Con esta resolución, la megacausa de expropiaciones marca un punto de inflexión en la historia judicial sanjuanina, no solo por la magnitud del fraude comprobado, sino por el precedente en materia de corrupción estructural dentro de la administración pública.
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