En su plan de relocalización de asentamientos, la gestión uñaquista relevó en 2019 a unas 644 familias de cuatro villas en La Bebida, Rivadavia, las que irán a vivir al Barrio Sierras de Marquesado, que está por entregar el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Pero, desde esa fecha, se han ido instalando más personas, de manera irregular y por fuera del sondeo, al punto de llegar a unos 230 grupos familiares, los que están reclamando un hogar cuando el organismo ya ha planificado todo. La situación ha generado un conflicto, ya que dichos habitantes no quieren irse del lugar que están ocupando en terrenos privados, sumado a que en el complejo en construcción hubo intentos de usurpación, robos de materiales e incidentes con el personal de seguridad. Todo ello ha derivado en el retraso en la inauguración del barrio, aunque las autoridades apuntan a una reprogramación de la fecha en un breve plazo, además de que hay una propuesta del Gobierno a las 230 familias. Se trata del compromiso de que les edificarán viviendas en un período de uno a cuatro años en lotes cercanos, más una "asistencia", como la disponibilidad de camiones para el traslado de sus cosas y otros puntos a definir.

Toda esa información fue confirmada por el director del IPV, Marcelo Yornet, quien explicó que el relevamiento de 2019 incluyó las 644 familias de los asentamientos La Paz, Pellegrini, Evita y La Defensa. Así, destacó que se empezó a trabajar en un proyecto habitacional, el cual se aceleró tras el terremoto de enero del año pasado y el apoyo de Nación (ver recuadro). En ese marco, el funcionario indicó que "se trabaja con los referentes y se les pide que no se agregue gente porque se planifica una cantidad de casas y establecimos un barrio de 725, el Sierras de Marquesado. Uno puede pensar que el número puede crecer un poco, pero no de la manera que ha sucedido, con 230 grupos familiares extra".

Entonces, resaltó que "hay familias que no están incluidas porque no tenemos lugar. No es que no queramos. Saben que esto se hace en función de una planificación". Por eso, indicó que se ha elaborado una propuesta, en conjunto con autoridades "del Ministerio de Desarrollo Humano, el de Obras y los participantes", para que sean "incluidos dentro de un próximo proyecto". En ese punto, Yornet señaló que saldrá "una resolución en la que nos comprometemos a entregarle una vivienda de uno a cuatro años, además de que se les va a dar una ayuda para que se puedan retirar".

El funcionario manifestó que la ayuda consistirá en la provisión de camiones oficiales para que puedan transportar sus pertenencias, además de que se definirá otro tipo de asistencia. El director del IPV también aclaró que los grupos familiares que se asentaron tras el relevamiento oficial deben abandonar el lugar porque "no es que no queramos dejarlos, no podemos. Cuando se empiezan a demoler las viviendas de las familias que se van al nuevo barrio, no podemos dejar una sí y otras no. Tenemos que demolerlas a todas, además de que tenemos que sacar las instalaciones, como agua y red eléctrica. Eso garantiza que no siga creciendo el asentamiento".

Tras la propuesta del Gobierno, Yornet indicó que "hay algunas familias que han accedido y otras que no. Estamos tratando de solucionar el tema". Además, señaló que "le solicitamos al municipio de Rivadavia si podía aportar un terreno para construir viviendas, pero no nos han contestado", por lo que "estamos con unos lotes cerca de donde están las familias".

Relevamiento
El Gobierno llevó adelante un sondeo en los asentamientos La Paz, Pellegrini, Evita y La Defensa y contabilizó 644 familias en 2019. Desde esa fecha, se instalaron 230 grupos familiares más. Por eso, el Ejecutivo viene trabajando con ellos por una solución.

Propuesta
El Gobierno se ha comprometido a incluir a las 230 familias en un proyecto a ejecutar de uno a cuatro años, además de colaborar en la disponibilidad de camiones para el traslado de sus cosas. Sucede que las personas deben irse de la villa dado que va a ser demolida.

Programa habitacional

La gestión uñaquista ha llevado adelante su plan de relocalización de asentamientos en barrios del IPV, además de continuar con los sorteos para el padrón de inscriptos y con operatorias como la de los gremios y de préstamos individuales, entre otros.

El programa de relocalización se aceleró tras el terremoto de enero de 2021, que afectó a las precarias casas de asentamientos en Le Bebida, Rivadavia. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó la provincia y anunció el financiamiento para un cupo de 1.800 viviendas. Así, el equipo de la Secretaría de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y del IPV elaboraron proyectos para llegar a ese cupo, entre los que se encuentra el Barrio Sierras de Marquesado, que albergará a las familias de La Bebida.

Fuente: Diario de Cuyo