San Juan y el resto de las provincias avalaron el piso mínimo de 70% de contenidos aprobados para promocionar

El Consejo Federal de Educación avaló por unanimidad el criterio para promocionar el año con un mínimo del 70% de los contenidos adquiridos. Fue el eje principal de la resolución aprobada este martes en la 108° Asamblea, llevada adelante en el Palacio Sarmiento con la presencia de los ministros de las 24 jurisdicciones, encabezados por Nicolás Trotta.

El piso del 70% para pasar de grado, que ya había sido propuesto por Trotta, “da cuenta de la participación efectiva en las actividades escolares tales como clases, tareas y evaluaciones, que expresan los logros y progresos experimentados por los estudiantes”, según se indicó tras la reunión en un comunicado.

Los alumnos que hayan incorporado entre el 40% y el 70% de los contenidos también promocionarán, pero bajo determinadas condiciones: en el nivel primario, lo harán de manera acompañada y contarán con un plan de actividades compartido entre el docente del grado que deja y el del grado al que accede; y en el nivel secundario, tendrán un seguimiento personalizado durante los meses de diciembre, febrero y marzo.

Los estudiantes de nivel primario que no alcancen el 40% deberán recursar, y en el caso del nivel secundario, si no alcanzan el 70% una vez concluida la instancia de acompañamiento, se aplicará el régimen académico vigente en cada jurisdicción.

Las provincias deberán presentar un informe detallado de las trayectorias escolares de los alumnos al 31 de agosto, según tres criterios: “trayectoria sostenida” (participación mínima del 70% en las clases), “trayectoria intermitente” (participación de entre el 25% y el 70%) y “trayectoria de baja intensidad” (menos del 25%).

De esa forma, los estudiantes con trayectorias “intermitentes” o “de baja intensidad” tendrán un período especial de clases que se llevará adelante en febrero de 2022 con los estudiantes que terminan la sala de cinco en el nivel inicial; sexto o séptimo grado de primaria; y quinto, sexto o séptimo año de la secundaria.

En el encuentro se estableció un acuerdo de trabajo pedagógico para el segundo semestre del año, con el objetivo de “incrementar el tiempo de enseñanza, fortalecer la presencialidad y los aprendizajes en todo el territorio, fijando metas que permitan evaluar si los estudiantes están en condiciones de avanzar en sus trayectorias educativas”.

Para aquellos estudiantes con trayectorias desvinculadas por razones preexistentes a la pandemia que no hayan participado de las actividades escolares en el primer semestre de 2021 se continuarán implementando estrategias de revinculación.

Trotta destacó la construcción de una agenda federal “que refleja la diversidad de realidades que transita la Argentina”, y agregó que “esto implica consensos y el desafío de trascender a nuestras gestiones educativas para lograr verdaderas políticas de Estado, siempre a través del proceso de escucha de todos los actores del sistema”.

“Debemos desplegar como sistema educativo los mayores esfuerzos, en términos de inversión educativa y de respuestas, para fortalecer las trayectorias de los estudiantes que han tenido intermitencia o menor intensidad en su vínculo con la escuela. Por eso, uno de los puntos centrales es garantizar el derecho a la educación en cabeza del Estado nacional a partir de estas asambleas”, sostuvo el ministro.

La evaluación será formativa con retroalimentación para dar cuenta de avances y dificultades en los procesos de aprendizaje de los contenidos priorizados por cada jurisdicción. Los instrumentos y modalidades deberán adecuarse a la presencialidad, no presencialidad y alternancia, atendiendo a las particularidades de desarrollo de los aprendizajes.

Los criterios de calificación podrán ser actualizados según crea conveniente cada provincia para definir los distintos niveles de logros en una escala objetiva y comparable. Las escalas serán acompañadas por registros conceptuales y cualitativos del proceso y resultado de los aprendizajes.

En la reunión también se presentó una guía de recomendaciones para el dictado de clases presenciales, que amplía los alcances de los protocolos sanitarios vigentes. La guía, que fue rechazada por la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, contiene aportes de profesionales e investigadores de diversas disciplinas para mantener las escuelas abiertas.