Un fallo de la Corte confirmó el despido de 2.000 estatales sanjuaninos

La Corte de Justicia de San Juan rechazó de forma definitiva el amparo presentado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que buscaba revertir la anulación de más de 2.000 pases a planta permanente realizada por el gobierno de Marcelo Orrego a través del Decreto 62/23, firmado apenas un día después de asumir. Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó la legalidad del decreto y cerró la vía judicial provincial al reclamo sindical.

La sentencia fue emitida por la Sala Segunda de la Corte, integrada por los ministros Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria, quienes coincidieron con los fallos de instancias inferiores al considerar que el SEP no agotó la vía administrativa, requisito indispensable para iniciar un proceso judicial. Es decir, el gremio no presentó previamente recursos jerárquicos ni solicitudes de reconsideración ante el Ejecutivo, lo que tornó “inadmisible” el planteo judicial.

El decreto en cuestión dejó sin efecto miles de designaciones hechas en los últimos meses de la gestión de Sergio Uñac, argumentando que muchas no cumplían con los requisitos legales mínimos —como tener al menos seis meses de servicio efectivo y continuo—. También anuló extensiones de contratos transitorios que, según el Gobierno actual, se apartaban de la normativa vigente.

Con este fallo, la Corte respaldó la potestad del Ejecutivo para revisar nombramientos y contratos firmados en el final del mandato anterior, y ratificó que estas decisiones están dentro del marco legal y responden al objetivo de preservar el equilibrio fiscal del Estado.

En paralelo, desde el Ejecutivo se creó una Comisión Evaluadora que analiza caso por caso si alguno de los trabajadores cesanteados reúne condiciones objetivas para ser incorporado. No obstante, aún no se han informado resultados públicos de esas evaluaciones.

Desde el SEP consideraron que la medida fue “arbitraria” y afectó derechos adquiridos. Sin embargo, tras la resolución de la Corte, el gremio se quedó sin margen de acción judicial en la órbita provincial. Ahora evalúan recurrir a la Justicia federal o proseguir por la vía administrativa con reclamos individuales.