Milei disolvió el INA y degradó el INPRES: fuerte incertidumbre entre los trabajadores sanjuaninos

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Instituto Nacional del Agua (INA) y la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través de un decreto publicado este miércoles como parte del plan de reforma y achicamiento del Estado.

La noticia cayó como sorpresa en San Juan, donde ambas entidades tienen presencia operativa. Según trascendió, a las 11 de la mañana de este miércoles estaban previstas reuniones internas en el INA y el INPRES para informar a sus equipos sobre los alcances del decreto y los pasos a seguir.

“Nos desayunamos con la noticia. Aún no tenemos precisión sobre lo que va a pasar. Ahora tenemos una reunión para informarnos sobre lo que va a ocurrir”, declaró el titular del INA, Leandro Salvioli, en diálogo con 0264.

Desde el INPRES, también fueron cautos y evitaron pronunciarse antes de conocer oficialmente los detalles de la reorganización.

Qué cambia en cada institución

El Instituto Nacional del Agua, especializado en estudios, capacitación y difusión sobre recursos hídricos, será eliminado como organismo autónomo. Según el decreto, sus funciones podrán ser llevadas adelante con el mismo rigor técnico desde una estructura más simple y centralizada.

En tanto, el INPRES, creado por ley en 1972 con competencias en normativa antisísmica y riesgos geológicos, será absorbido por el SEGEMAR, organismo que también actúa en el ámbito de las geociencias y la prevención de desastres naturales.

La medida forma parte del paquete de reformas estructurales promovidas por el presidente Javier Milei, orientadas a reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia administrativa del Estado. El decreto fue firmado por el mandatario, el ministro de Economía Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Reforma estatal y temblor institucional en San Juan

El INPRES, radicado históricamente en San Juan, tiene un rol simbólico e institucional arraigado. La provincia es una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica del país. Desde 1972, el instituto desarrolla normativa antisísmica, realiza estudios de riesgo y es referencia nacional e internacional en la materia. Aunque sus competencias se trasladan al SEGEMAR, el riesgo es que su fusión derive en pérdida de autonomía operativa, presupuestos más acotados y decisiones centralizadas que desconozcan particularidades locales.

Además, la medida genera incertidumbre sobre el personal especializado que actualmente trabaja en ambas instituciones. Técnicos, investigadores y profesionales con conocimiento acumulado durante décadas quedan ahora en un limbo, a la espera de definiciones que podrían afectar no solo su estabilidad laboral, sino la continuidad de proyectos científicos y operativos.

En términos políticos, la decisión del gobierno nacional se alinea con el plan de reducción del gasto público. Sin embargo, en provincias como San Juan, donde se concentran problemas estructurales sensibles como la sismicidad y la escasez hídrica, puede percibirse como un gesto de desinversión en áreas críticas del Estado. El mensaje es contundente: se achica el aparato público, pero también se pone en revisión el papel del conocimiento técnico en el diseño de políticas territoriales.