
Una jueza federal hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ejecutivo que suspenda la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Las viviendas ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias en 2023.
PolémicaEl escándalo estalló en Avellaneda luego de que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, entregara 160 departamentos construidos por el programa Procrear a un grupo de efectivos de las Fuerzas Federales. El acto, realizado sin difusión y con calles cortadas por un operativo policial, dejó afuera a las más de 40 familias que habían sido legítimamente adjudicatarias de esas viviendas en 2023.
El complejo urbanístico del edificio Sagol, ubicado a pocas cuadras de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, había sido finalizado durante el gobierno de Alberto Fernández y correspondía al ex programa Procrear. Sin embargo, los adjudicatarios nunca pudieron acceder, pese a insistentes reclamos administrativos y judiciales. La situación se agravó tras la eliminación del plan por parte del Ministerio de Economía de Luis Caputo.
Un acto hermético y el silencio oficial
El evento fue organizado sin convocatoria pública y bajo estricto hermetismo. Sólo participaron funcionarios del Gobierno nacional, miembros de las fuerzas de seguridad y dirigentes aliados como José Luis Espert y Gerardo Milman. Mientras se entregaban las llaves, un grupo de adjudicatarios se enteró del hecho de manera casual y acudió al lugar, donde fueron acorralados por policías y apartados de la zona.
Daniela, una de las damnificadas, aseguró: "Estaba ilusionada. Este gobierno nos sacó del juego de un plumazo. Nos borraron como si no tuviésemos nada que ver con ese edificio". También criticó el silencio de las autoridades: "Quiero que expliquen cómo fue esta entrega, por qué, si es gratis o si lo van a pagar. Nosotros íbamos a devolver esa plata".
Reclamos judiciales y nuevas medidas del Gobierno
Las familias que resultaron ganadoras del último sorteo del Procrear habían presentado al menos siete amparos que aún no fueron resueltos por la Justicia. Ahora, buscan organizar un amparo colectivo con el defensor del pueblo de Avellaneda.
Desde el Ministerio de Seguridad, el secretario Martín Siracusa justificó la entrega como parte de un plan nacional de vivienda para las fuerzas. Bullrich, por su parte, defendió la decisión y cuestionó al Procrear por "beneficiar a amigos de la política" y fomentar el alquiler turístico.
La semana pasada, Caputo oficializó el cierre del programa. Disolvió el fondo fiduciario, transfirió la administración de los créditos al Banco Hipotecario y devolvió las tierras del plan a la AABE, poniendo punto final a una política que había permitido el acceso a la vivienda a miles de familias en todo el país.
Una jueza federal hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ejecutivo que suspenda la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Dirigentes de Mar Chiquita denunciaron a Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio por ofrecer cargos a cambio de dinero. Aseguran tener audios y documentos como prueba.
El exconcejal de Salta fue denunciado por su expareja por violencia sexual y económica. La Justicia avanza en la causa, que también salpica a una diputada nacional.
La ministra de Seguridad apuntó nuevamente contra la vicepresidenta por su rol legislativo. La interna en el oficialismo se agrava en plena negociación por la Ley Bases.
La vicepresidenta defendió su rol tras los ataques de la ministra de Seguridad y le recordó su pasado en organizaciones armadas.
Lo informó el vocero Manuel Adorni, que también comunicó el cierre de otros organismos de transporte. “La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción”, sentenció.
El procedimiento es necesario para preservar la estructura y beneficiar a toda la cuenca aguas abajo de la presa.
El juez Sergio López Martí consideró que no había riesgos procesales y ordenó medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
El fenómeno podría afectar la salud y generar complicaciones en la visibilidad y el tránsito.
Un llamado al 911 alertó sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en el establecimiento.
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