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D.E.C.S.A. reclama más de $465 millones por alumbrado público y amenaza con ir a la Justicia; la intendenta Romina Rosas denuncia sobrefacturación y mal servicio.
PolémicaUna fuerte tensión sacude la relación entre la Municipalidad de Caucete y la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (D.E.C.S.A.), a raíz de una deuda millonaria que aún no ha sido saldada y que amenaza con derivar en un litigio judicial. Según determinó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) tras una auditoría técnica, el municipio mantiene un saldo deudor de $465.186.616, correspondiente a servicios de alumbrado público brindados entre diciembre de 2022 y septiembre de 2024.
Este conflicto no es nuevo, pero tomó impulso luego del Acta Acuerdo firmada el 17 de julio de 2024, en la que ambas partes se comprometieron a trabajar conjuntamente para mejorar el servicio, establecer con precisión el monto adeudado y acordar un plan de pagos. También se incluyó la modificación de normativas municipales en beneficio de los usuarios cauceteros. Sin embargo, pese a las reuniones mantenidas desde entonces, no se logró un entendimiento entre el municipio y la empresa, lo que motivó una advertencia formal de D.E.C.S.A. sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales amparada en la Ley Provincial N° 524-A.
El informe técnico del E.P.R.E., aprobado por resolución N° 1045/24, confirmó los cargos facturados por D.E.C.S.A., incluyendo el polémico Componente Único Municipal (CUM). Ante esto, el organismo regulador instó a ambas partes a alcanzar un acuerdo, ofreciendo nuevamente su rol como mediador para garantizar que los usuarios no sean los perjudicados.
Pero la situación escaló aún más cuando la intendenta de Caucete, Romina Rosas, salió al cruce de la empresa mediante un descargo público en redes sociales. Acusó a D.E.C.S.A. de brindar un servicio deficiente y de sobrefacturar: “Nos quieren cobrar como si tuviéramos 15.000 luminarias, cuando apenas funcionan 5.000”, afirmó. También anunció que el municipio está llevando adelante una auditoría propia, que podrá ser consultada por cualquier vecino, para visibilizar lo que considera "irregularidades" en la facturación del servicio.
Mientras tanto, la incertidumbre reina en Caucete. La falta de resolución pone en jaque la continuidad del alumbrado público y deja a los vecinos en medio de un conflicto que, lejos de apagarse, promete seguir escalando si no se encuentra una solución urgente.
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