El gobierno reincorporó finalmente a 98 trabajadores contratados

La Comisión Evaluadora resolvió la reincorporación de los trabajadores tras una revisión exhaustiva. Son 5 mil personas las que fueron desafectadas, significando un ahora para el Estado de unos 10 mil millones de pesos anuales.

Política

En una medida significativa, el gobernador Marcelo Orrego, decidió dejar sin efecto los contratos realizados en el último semestre de la gestión anterior, marcando su compromiso con una revisión exhaustiva de los ingresos a planta permanente. Acompañando esta determinación, se formó una Comisión Evaluadora para analizar los casos individualmente y decidir sobre la permanencia de los trabajadores en la administración pública.

El decreto, firmado por el vicegobernador Fabián Martín, establece la reincorporación de la primera nómina de 98 agentes que superaron el proceso de evaluación. Esta medida es parte de un proceso más amplio, ya que la Comisión Evaluadora continúa analizando cada caso para determinar quiénes cumplen con los requisitos y deben mantenerse en sus funciones.

A pesar de la decisión de la comisión, el trabajo no ha concluido, ya que se estima que alrededor de 5,000 empleados estatales fueron cesanteados. La Comisión Evaluadora enfrenta el desafío de revisar cada situación hasta llegar a una resolución final.

Las acciones legales emprendidas contra estas medidas también han influido en la demora de la Comisión Evaluadora. El Gobierno enfrentó cuatro amparos judiciales, incluido uno presentado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), aunque hasta ahora todos los fallos han favorecido al Ejecutivo, obteniendo resultados favorables del juez Héctor Rollán, titular del Primero Civil.

La vía judicial presentó obstáculos para la celeridad en las decisiones de la Comisión Evaluadora, ya que se espera la resolución de los jueces provinciales sobre las medidas interpuestas contra el Gobierno.

La Comisión Evaluadora, liderada por Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, tiene la tarea de revisar los contratos e ingresos a planta permanente de los últimos meses, con el objetivo de eliminar ingresos irregulares de familiares, militantes y exfuncionarios de la gestión anterior.

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