Aprietes, bloqueos y pérdidas millonarias para las empresas: la modalidad del sindicalista que trastorna a la industria láctea

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) está asociada con aprietes, protestas extorsivas y pérdidas millonarias para muchas empresas de la actividad. Conducido por Héctor “Etín” Ponce, quien llegó a su puesto desde 2002 tras haber sido albañil, mozo, relator de boxeo y periodista, el gremio se convirtió en una pesadilla para el sector. 

Pueden dar testimonio de sus problemas una empresa como Sancor, que hace 10 días denunció que perdió $4.500 millones por las medidas de fuerza que llevó adelante ATILRA durante 65 días, pero también pymes como Lácteos Vidal, Lácteos Mayol, Lácteos Don Felipe y La Lácteo, entre otras, que fueron noticia en los últimos tiempos por bloqueos del sindicato que paralizaron su actividad en medio de amenazas contra sus dueños e incluso contra empleados que sólo querían trabajar. 

En el caso de Sancor, el conflicto con el sindicato por una deuda salarial tendrá este martes un nuevo capítulo con el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, que permitirá que empresarios y dirigentes de ATILRA concurran a una audiencia oficial, aunque no hay mucho optimismo en alcanzar una solución. 

Fuentes de Sancor dijeron a Infobae que está “cumpliendo con un cronograma de pagos que había hecho a los empleados”, pero revelaron que “desde que asumió el actual presidente de la empresa, hace más de un año, en octubre de 2022, le viene pidiendo reuniones al secretario general de ATILRA, pero nunca aceptó sentarse a hablar, no dialoga y busca imponer su punto de vista”.

De todas formas, las mismas fuentes destacaron que “en las plantas se está trabajando normalmente y se están empezando a distribuir de nuevo los productos”, que tienen “distinto tiempo de elaboración”, aunque fueron cautelosos sobre lo que viene: “Veremos qué pasa en el futuro”.

 A principios de diciembre pasado, Leonardo, un empleado de la planta de Sancor en Don Torcuato, afirmó a la radio Cadena 3 Rosario que “el sindicato no nos permite trabajar” y brindó detalles: “No permite que la mercadería salga. Nos están llevando a no cobrar los sueldos. Hay familias que no pueden cumplir con las necesidades básicas. Anoche con una patota que no dejó entrar a los trabajadores. Queremos trabajar para llevar el pan a nuestras familias”.

Lo mismo sostuvo la empresa: “El sindicato dice que no hubo bloqueos, pero sí hubo. Tenemos actas notariales y policiales sobre el tema que acreditan que no se permitía la entrada o salida de productos, así como está acreditado que cuando se retomaron las tareas algunos grupos de personas seguían en asamblea en algunos lugares y no trabajaban, sin acatar la conciliación obligatoria”.

En pleno conflicto, Ponce fue criticado en algunos medios porque mientras los trabajadores de Sancor no cobraban los sueldos por las medidas de fuerza, su sindicato organizó una fiesta de fin de año el 16 de diciembre pasado en el polideportivo de ATILRA, convertido en el centro cultural Low, en la que actuaron Dady Brieva, Angela Leiva y Trulalá, con una entrada de $5.000 que incluía comida y bebida. Fue presentado como “Encuentro Nacional de las y los trabajadores de la Industria Lechera”.

La protesta extorsiva realizada en la planta en la localidad de Moctezuma, en el partido de Carlos Casares, derivó en la decisión de la empresa de despedir a 26 trabajadores y pedir el desafuero de tres delegados, mientras que la justicia obligó a la pyme a reincorporar a los despedidos y fijó una indemnización de $10.000 por día por cada empleado que fuera reintegrado a su puesto.

“Nuestro caso está igual que a fines del año pasado -afirmó a Infobae Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal-. Arreglamos la desvinculación definitiva con 15 de las 26 personas que despedimos. Sin embargo, como no reincorporamos a nadie, el juez me ejecutó un embargo de 5.200.000 pesos, decisión que apelamos y por eso la suma quedó en una cuenta del Banco Ciudad. Los delegados que tenía están en proceso de desafuero y las causas penales siguen en trámite, pero yo, a partir de que me saqué de encima a la mafia sindical, pude empezar a trabajar normalmente”.

La dueña de la pyme se sumó al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que desde 2021 ayuda a las víctimas de bloqueos sindicales, y este año formó con otros colegas el Comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP) que apoyó la reforma laboral del Gobierno y recibió el reconocimiento del propio Javier Milei. “Con el DNU se terminan los los bloqueos porque se los considera injuria grave y los podés despedir con causa -enfatizó-. Por eso están quemando las naves. Convocan a un paro que no quiere nadie, manejan la justicia laboral y sacan una cautelar que frena la reforma laboral con la excusa de que es inconstitucional. Mentira. La realidad es que se les acaba el curro a ellos. No les importa que la gente esté muerta de hambre y necesite trabajo”.

La misma modalidad de protesta por parte de ATILRA afectó a Lácteos Mayol, de la localidad bonaerense de Gobernador Udaondo, una pyme familiar que en 2021 sufrió un bloqueo durante una semana por un reclamo de reencuadramiento sindical de parte de sus trabajadores.

Actualmente hay una causa penal en curso, que elevada a juicio oral, con más de 20 sindicalistas y ex empleados imputados, pero los daños causados a la empresa son importantes: en su momento procesaban entre 15 mil y 20 mil litros de leche y en la actualidad sólo entre 4 mil y 5 mil litros.

Paulina Mayol, gerenta de la empresa que su bisabuelo fundó en 1936, señaló a Infobae: ”Se podrá imaginar todo lo que esto ha acarreado a nivel empresa y también a nivel de conflictos familiares, donde la mayoría bregaba por cerrar la empresa y yo decidí continuar con el apoyo de una prima y de mis hermanos. Realmente este gremio destruye todo lo que se pone en su camino”.

“A fines del año pasado -agregó- recibimos requerimientos para meterse en nuestra nómina de empleados o en su caso hacer ellos liquidaciones de oficio para ver si pueden seguir recaudando para sus arcas. No les alcanza con el aporte de los empleados, el fondo de subsidio, el fondo solidario o el aporte empresarial por empleado que incrementan los costos laborales y van directo al sindicato”.

Para Lácteos Don Felipe, una pyme de la localidad de Macachín, provincia de La Pampa, el conflicto tuvo similares características que otros, pero con un final distinto: por el bloqueo de cuatro días realizado por dirigentes de ATILRA en 2014 a raíz de un reclamo salarial, dos de los dirigentes sindicales que protagonizaron la protesta terminaron aceptando en una conciliación judicial pagarle a la empresa una indemnización de 150.000 pesos y pedirles disculpas a sus dueños.

José Luis Bergara, hijo del dueño y directivo de la empresa que fundó su abuelo, señaló a Infobae: “Nuestra pyme está en un pueblo de 5.000 habitantes y el sindicato trajo 150 tipos en tres colectivos desde la Capital Federal para bloquearnos. Esos cuatro días estuvimos con mi viejo acá en la fábrica, durmiendo en un sillón. No nos movimos de acá y los tipos estaban en la puerta. Yo tenía un silo que tenía 50.000 litros de leche y todos los días salía a ver en qué momento los iba a tener que tirar”.

Más allá de cómo terminó este bloqueo, el empresario recordó situaciones de tensión cuando Lácteos Don Felipe recibía leche de otras plantas en conflicto y eso ocasionaba llamados del sindicato para advertirles que iban a “tener problemas”. “Tienen una empresa parada por un bloqueo y, no conformes con eso, encima quieren que tenga que tirar materia prima. Estamos hablando de algo muy delicado: en un país con tanta pobreza, estos tipos quieren que uno tire la leche”, denunció.

Hoy, Bergara confesó que la relación con ATILRA es “mala” y sostuvo: “Más de una vez nos dijeron que querían recomponer la relación porque ya pasó mucho tiempo, pero yo no me olvido. Y, además, estos tipos no se arrepienten de nada porque siguen haciendo lo mismo en otros lugares”.

Quién es el líder de ATILRA

Ponce nació en Santiago del Estero hace 67 años y adoptó a Sunchales, Santa Fe, como su ciudad preferida. En su vida hizo prácticamente de todo (albañil, mozo, relator de combates de boxeo y periodista deportivo) antes de entrar a trabajar en la empresa Sancor, donde comenzó una carrera sindical como delegado hasta llegar a manejar el sindicato, de unos 25.000 afiliados.

Asumió al frente del gremio en 2002 cuando desplazó en elecciones al que era su jefe, Vicente Troncoso, y desde entonces logró sucesivas reelecciones con más del 90% de los votos, algo que algunos atribuyen a la dificultad de presentar una nómina opositora: para ser candidato a miembro del consejo directivo nacional de ATILRA se debe haber sido dirigente de ese cuerpo o secretario de una seccional, requisito que, en la práctica, torna casi imposible la competencia interna.

Su trayectoria también tiene algunos matices curiosos: como anticipó Infobae, mezcló la actividad sindical con el sponsoreo de boxeadores como Maravilla Martínez y Marcos “Chino” Maidana, además de haber invertido plata del sindicato para patrocinar a clubes de fútbol como Atlético de Rafaela, Quilmes y Colón de Santa Fe. Pero también incursionó en la organización de desfiles y recitales en el polideportivo de ATILRA y desarrolló una fuerte pasión por los viajes al exterior que lo llevó a publicar fotos en la revista del gremio donde se mostró posando ante las pirámides de Egipto, el Museo Louvre de París, las cataratas del Niágara o el Muro de Berlín.

Fue moyanista hasta que se peleó con el líder del Sindicato de Camioneros y éste intentó, sin suerte, armarle una lista opositora. En 2011 fue considerado por Cristina Kirchner como uno de sus gremialistas favoritos. En la última campaña electoral se viralizó un video en el que se abraza cálidamente con Sergio Massa. Hoy es uno de los convocantes al paro con movilización de la CGT.

En 2009, Ponce consiguió un acuerdo clave cuando firmó con la cámara del sector la creación de un “aporte solidario” que deben pagar las empresas por cada trabajador (que equivale a un 6,5% del salario). Cinco años después, las pymes lecheras se rebelaron porque no podían pagar esa suma, que en esos días le aportaba al sindicato 30 millones de pesos mensuales. Hoy, según las pymes del sector, a los trabajadores se les descuentan 20.000 pesos mensuales que van a las arcas del sindicato.

El titular de ATILRA pudo eludir los coletazos de una violenta pelea interna en 2008 que terminó con un muerto y 10 heridos. El episodio se produjo cuando unos 150 activistas de ATILRA viajaron a Rosario para protestar contra la seccional del gremio de esa ciudad, manejada por opositores internos que adherían a la CTA y a la izquierda. En los enfrentamientos, que duraron 40 minutos, se utilizaron palos, piedras, cadenas y armas de fuego. Los incidentes se desarrollaron ante la ausencia de efectivos policiales y terminaron procesadas seis personas por su participación en el crimen.

También pudo zafar en 2018 de una investigación judicial en la que fue imputado por presunto lavado de dinero y por haber utilizado dinero del sindicato para sponsorear actividades deportivas y contratar servicios a empresas de sus familiares. Incluso se mencionó que ATILRA compró una propiedad por 2,6 millones de pesos que habría quedado en manos de la hija de Ponce. Pero la causa, iniciada en abril, terminó con el sobreseimiento de Ponce dictado por el juez federal Luis Rodríguez. El dirigente gremial vinculó esa causa judicial, que incluyó once allanamientos a sedes sindicales, a una campaña orquestada por el gobierno macrista. “Me consta que Macri me quería preso”, dijo.

Otra de las curiosidades de Ponce es que, en medio de tantos bloqueos que jaquean a las pymes, el sitio web de su sindicato publicó un comunicado en el que se destaca: “Entendiendo a la industria lechera como un todo que comprende más de 600 empresas lácteas, ATILRA ha dado sobradas muestras y ejemplos de madurez, armonía, diálogo fluido, apoyo mutuo y entendimiento con el sector patronal, contándose con los dedos de una mano los conflictos que puedan suscitarse con los incumplidores crónicos, dado que no somos enemigos ni estamos en guerra con el sector empresario al que en más de una oportunidad hemos ayudado a encontrar soluciones”.