La fiscal de Cámara Penal, Marcela Torres, ha solicitado a la Corte de Justicia que reconsidere un fallo emitido por un juez el pasado 30 de agosto. En dicho fallo, el juez condenó a un empleado municipal a 3 años y 8 meses de prisión efectiva por abusos sexuales simples continuados cometidos contra su sobrina durante cinco años, desde que la niña tenía entre 8 o 9 años hasta poco antes de cumplir los 14.

El juez rechazó un acuerdo de juicio abreviado previamente alcanzado entre la Fiscalía y el acusado, en el que este último admitió su culpabilidad y aceptó una condena de 6 años de prisión. La víctima, una niña, demoró en denunciar los abusos debido a las amenazas y manipulaciones del acusado, quien la persuadía diciéndole que podría desarrollar verrugas genitales o que dañaría a su hermanita si hablaba.

El caso fue denunciado por la madre de la niña en septiembre de 2019. El núcleo de la controversia gira en torno a la falta de lesiones físicas típicas de las violaciones, como desgarros, en la víctima. El juez argumentó que esta ausencia de pruebas físicas era una prueba contundente de que no se había producido una violación.

La fiscal argumenta que la ausencia de lesiones se debe a la presencia de un himen con forma anular, que es elástico y puede tolerar un acceso carnal sin dañarse. Además, presenta otras pruebas, como el testimonio de la niña ante psicólogos del Anivi, quienes evaluaron sus declaraciones como veraces y no afectadas por la mentira. También destacó la ratificación del acusado de haber cometido los delitos ante el juez.

El acusado pasó casi dos años en prisión antes de ser liberado tras pagar una fianza de medio millón de pesos. La madre de la víctima está indignada por su liberación, dado que el acusado admitió haber cometido los abusos sexuales. La fiscal buscará que la Corte de Justicia ratifique el acuerdo de juicio abreviado firmado por el acusado, que acordó cumplir 6 años de condena. Mientras tanto, el acusado permanecerá en libertad hasta que la Corte tome una decisión.