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El juez Sebastián Casanello lo acusó por favorecer a un empresario amigo en contrataciones estatales. El expresidente rechazó el fallo y anticipó que apelará la decisión
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El expresidente Alberto Fernández fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en el marco de la denominada causa Seguros, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de pólizas por parte de organismos estatales durante su gestión. La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien también ordenó un embargo sobre los bienes del exmandatario por más de $14.634 millones.


La acusación se centra en el decreto 823/2021, que obligó a todos los ministerios y entes públicos a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, y en la designación de María Cantero —esposa del empresario Héctor Martínez Sosa— como secretaria privada de Fernández. Según el fallo, esa estructura habría favorecido los negocios del grupo empresarial vinculado al expresidente, que recibió comisiones millonarias por intermediar en contratos con al menos 19 organismos públicos.
Tras conocerse el procesamiento, Fernández publicó un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), donde denunció una persecución política: “Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”.
Además, sostuvo que el fallo “fuerza la interpretación de pruebas” y que busca “mantenerlo arbitrariamente ligado al proceso”. En ese sentido, su defensa anticipó que apelará la resolución ante la Cámara Federal, por considerarla arbitraria, prematura e infundada, y por haber sido dictada “sin producir las pruebas ofrecidas ni contar con análisis técnicos en materia de seguros”.
Los otros procesados
Junto a Fernández, también fueron procesados:
El juez Casanello consideró que existió una “confusión de intereses” y que Fernández “empoderó a actores del mundo privado desde su entorno íntimo”, generando un escenario que permitió el lucro de allegados a través de contrataciones estatales.
Este es el segundo procesamiento que enfrenta Fernández: el primero fue por lesiones y amenazas contra su expareja Fabiola Yañez, confirmado por la Cámara Federal en abril. En paralelo, legisladores porteños pidieron que se suspenda su jubilación de privilegio, que asciende a casi $9 millones mensuales, hasta que se resuelva su situación judicial.
La causa Seguros se inició bajo la instrucción del juez Julián Ercolini, pero pasó a manos de Casanello en febrero. Desde entonces, se profundizó la investigación con allanamientos a empresas, análisis de chats privados, y un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC) que reveló vínculos económicos entre Fernández y Martínez Sosa previos a su mandato.




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