Encrucijada para Milei: la única fórmula para las jubilaciones que empata a la inflación genera más déficit

La Ley Ómnibus de Milei suspende la movilidad y da al Ejecutivo facultades de otorgar aumentos por decreto y de determinar los plazos de reajuste. La Oficina de Presupuesto del Congreso plantea cuatro escenarios posibles: cuáles son y qué implican para los jubilados.

Economía 15 de enero de 2024 sanjuanhoy sanjuanhoy

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La Ley Ómnibus enviada por el presidente Javier Milei al Congreso busca suspender la movilidad jubilatoria y da al Ejecutivo facultades para otorgar aumentos por decreto y determinar los plazos de reajuste, pero no detalla qué fórmula se utilizará ni en qué fechas se aplicarán las subas. “Está bajo análisis”, aseguran desde el Gobierno.


En ese contexto de indefiniciones, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un informe con cuatro escenarios posibles y advirtió que la única fórmula jubilatoria que permitiría que los haberes acompañen a la inflación incrementaría el déficit actual de 0,3% al 0,8% del PBI, pero según dijo Milei desde que asumió, su programa económico no contempla subir al gasto. El resto de las opciones implica una pérdida de poder adquisitivo de entre 19% y hasta casi el 70%.

“Si nosotros dejamos la fórmula actual, como consecuencia de la aceleración inflacionaria que está viviendo la Argentina, las jubilaciones perderían cerca de dos puntos en términos de PBI”, dijo Milei.

De acuerdo con el informe de la OPC, hasta julio de 2022, la evolución de los haberes jubilatorios y de los precios “se movieron relativamente similares”, pero a partir de esa fecha comenzó un “desacople”, que se asocia a la “aceleración” de la inflación y que “deteriora el valor real de las jubilaciones”.

Sin embargo, la situación no fue homogénea para todos los jubilados, dado que casi la mitad (48,6%) percibe los haberes más bajos, que recibieron bonos que les permitieron acompañar la suba de precios, mientras que el resto de las jubilaciones quedó muy por debajo.

Así, desde la aplicación del índice automático hasta diciembre de 2023, los haberes jubilatorios perdieron entre el 36,5% para quienes no recibieron bonos y el 3,6% para los que sí lo hicieron de manera completa.

“Eliminando la fórmula, los estamos protegiendo. Porque cuando la inflación sube, pierden, cuando baja no se puede reducir el déficit y eso no le sirve a nadie. Queremos proteger a los jubilados. La fórmula jubilatoria claramente no funciona”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. Ante esta situación, se abren distintos escenarios, según lo que planteó la OPC.

Cuáles son los cuatro escenarios posibles para la nueva fórmula jubilatoria
En su análisis, la OPC platea cuatro escenarios posibles para el futuro de las jubilaciones. El de mínima, es que no se otorguen aumentos a ninguna jubilación y la Anses termine el año con saldo superavitario, y el de máxima es que todas las jubilaciones, independientemente del monto del haber, crezcan lo mismo que la inflación, lo que supondría un aumento del déficit.

Como intermedios, menciona un escenario en el que solo se otorgan incrementos a las jubilaciones más bajas o solo se otorgan incrementos si la Anses cuenta con recursos disponibles (sostenibilidad financiera).

Escenario 1: Sin incrementos ni bonos
El primer escenario planteado por la OPC se enmarca en el concepto de tratamiento igualitario e implica que no se otorgue ningún aumento a los haberes ni a las asignaciones familiares, así como tampoco bonos, independientemente del monto del haber percibido.

Manteniendo constantes la cantidad de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y sus haberes y/o montos correspondientes, las prestaciones de la Seguridad Social (integradas por las jubilaciones y pensiones) pasarían de representar el 6% al 4,5% del PBI, mientras que las transferencias corrientes y de capital (entre las cuales las asignaciones familiares son el 44% y los bonos el 30%) pasarían de representar el 2% al 11% del PBI.

En este escenario de fuertes reducciones en términos del PBI supondría que el estado de situación financiera de la Anses pasaría de un déficit de 0,3% del PBI a un superávit de 2,2% del PBI, pero para los jubilados se traduciría en una fuerte pérdida del poder adquisitivo del orden del 69,9% para cualquier monto de haber. De acuerdo con el informe, llevaría a que la mitad de los beneficiarios caigan en la indigencia y un 33% en situación de pobreza no indigente.

Escenario 2: Incremento solamente para los haberes más bajos y las asignaciones
El segundo escenario prioriza a quienes perciben menores ingresos y recalcula cada mes el haber mínimo garantizado que esté ajustado por la inflación. Así, solo se otorgarían aumentos a aquellos que se encuentran percibiendo un haber inferior al nuevo mínimo garantizado. También implica un reajuste de todas las asignaciones familiares en línea con el aumento de precios mensual. No prevé el otorgamiento de bonos.

Para la OPC este escenario implicaría un “achatamiento de la distribución de los haberes previsionales, ya que solo recibirían incrementos quienes se encuentran en la situación más desfavorable (haberes por debajo del nuevo mínimo garantizado mensual ajustado por inflación) en el primer mes, sumándose en el mes siguiente aquellos que, al no haber recibido un aumento el mes anterior, se encuentran ahora percibiendo haberes por debajo del haber mínimo ajustado, y así sucesivamente”.

Además, significaría una reducción de 1 punto porcentual en términos del PBI (pasaría de 6% a 5%) de las prestaciones de la Seguridad Social y una reducción de 0,5 puntos porcentuales de las transferencias corrientes. De mantenerse las restantes variables constantes, redundaría en un superávit de la Anses del 1,2% del PBI.

Los beneficiarios que reciban el haber mínimo en el primer mes no tendrían pérdida de poder adquisitivo, mientras que los que reciban valores equivalentes a tres o más haberes mínimos el primer mes tendrían una pérdida de poder adquisitivo del orden del 69,9%. Implicaría pasar de un 45,3% de beneficiarios que en el primer mes perciben el haber mínimo a un 86,2% en el último mes, de ahí el fuerte achatamiento de la distribución de haberes.

Escenario 3: Sostenibilidad financiera
El tercer escenario planteado se enmarca en el concepto de sostenibilidad financiera de la Anses e implicaría otorgar aumentos a los haberes previsionales y a las asignaciones familiares hasta un máximo equivalente a los ingresos que recibe el organismo por todo concepto. Puede presentar dos alternativas: aumentos igualitarios entre todos los beneficiarios o priorización de quienes perciben menores ingresos.

En este escenario, las prestaciones de la Seguridad Social presentarían un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto de la fórmula vigente, pero al no otorgarse bonos, las transferencias corrientes resultarían en una reducción de 0,5 puntos porcentuales, por lo que el déficit actual de 0,3% del PBI se eliminaría.

En el caso de la alternativa de tratamiento igualitario, la pérdida del poder adquisitivo sería del 19% a lo largo de un año para todos los haberes, como consecuencia del otorgamiento de incrementos que oscilan mensualmente entre 1% y 3% por debajo del aumento de precios.

Para la alternativa de priorización a los ingresos más bajos, estos permanecerían sin variación y la pérdida sería del 40,1% para el resto de los beneficiarios. En este caso, el porcentaje de beneficiarios que recibiría el haber mínimo aumentaría hasta el 57,2% de los jubilados y pensionados, nuevamente achatando los haberes.

Escenario 4: Incrementos generalizados en línea con los precios
En el escenario en que todos los haberes previsionales y las asignaciones familiares, independientemente de su monto inicial, se incrementarían mensualmente al igual que los precios, descarta el otorgamiento de bonos.

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Las prestaciones de la Seguridad Social deberían crecer en 1 punto porcentual en términos del PBI, aunque el no otorgamiento de bonos reduciría las transferencias corrientes en 0,5 puntos porcentuales, por lo que en términos netos el déficit actual de 0,3% se incrementaría hasta alcanzar el 0,8% del PBI.

“Si bien ello implicaría un mayor gasto para la Administración Pública Nacional, ningún beneficiario del sistema previsional nacional perdería poder adquisitivo, independientemente de su nivel de ingresos”, concluyó el informe.

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