
El Ministerio Público Fiscal pedirá 22 años de prisión tras el fallo que impuso una condena de cinco años.
Agustín Idemi, abogado representante de la menor, explicó que las pericias psicológicas implican entre cuatro y cinco entrevistas con psicólogas.
PolicialesLa investigación en curso sobre un presunto abuso sexual a una menor de edad en el Colegio Luján ha avanzado con el inicio de pericias psicológicas a la víctima. Después de la audiencia en la que el único imputado hasta el momento quedó en libertad, el abogado representante de la menor confirmó el inicio de estas evaluaciones.
A finales de agosto, se llevó a cabo una audiencia clave en la causa que involucra a un estudiante del último año del colegio como imputado. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la liberación del imputado, una petición que fue aceptada por el juez de Garantías.
El abogado que representa a la menor, Agustín Idemi, explicó que las pericias psicológicas implican entre cuatro y cinco entrevistas con psicólogas. Cada profesional emitirá un informe después de completar las evaluaciones, incluyendo la psicóloga de la defensa, la psicóloga de la Unidad Fiscal de Investigación (ANIVI) y la psicóloga de la parte querellante de la víctima.
Además de las pericias psicológicas, esta semana se llevó a cabo una declaración testimonial de una compañera de la menor, que también es menor de edad. La declaración se realizó a través de Cámara Gesell para acreditar detalles de tiempo y lugar relacionados con los hechos. La compañera recordó cuando la víctima pidió permiso para ir al baño y cómo regresó al aula visiblemente angustiada, lo que concordó con la declaración previa de la víctima y su madre en la denuncia.
El imputado fue liberado en la audiencia de finales de agosto bajo ciertas condiciones, que incluyen presentarse mensualmente en la Comisaría 13 para confirmar su permanencia en San Juan. También se le prohibió salir de la provincia o del país sin autorización. El cargo que enfrenta es el de Abuso Sexual con Acceso Carnal en perjuicio de una menor con discapacidad.
El fiscal de ANIVI a cargo del caso, Eduardo Gallastegui, señaló que la investigación sigue en curso y que se están agotando todos los recursos necesarios antes de tomar una decisión final en el proceso judicial.
El Ministerio Público Fiscal pedirá 22 años de prisión tras el fallo que impuso una condena de cinco años.
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