
El Ministerio Público Fiscal pedirá 22 años de prisión tras el fallo que impuso una condena de cinco años.
Las víctimas tienen 9 años y 21 meses. Los detenidos son un hombre y una mujer de Malargüe, sin vínculo entre ambos. Les secuestraron material audiovisual
PolicialesUn hombre y una mujer, sin vínculo entre ambos, fueron arrestados en la ciudad mendocina de Malargüe por producción y tenencia de material de abuso sexual de menores. Lo espeluznante del caso, más allá de lo repudiable del delito, es que ambos detenidos atacaban a sus respectivos hijos, un niño de 9 años y otro de 21 meses.
“Ellos filmaban el abuso y luego intercambiaban el contenido en Internet entre ellos. Aún resta saber si los videos y fotos eran comercializados en la web”, indicó una fuente del caso que investiga la Unidad Fiscal Departamental y Delitos Informáticos y la Fiscalía de Instrucción N°2 de San Rafael, Mendoza, como producción y tenencia de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.
“Esto deriva en una pena, hasta este momento de la investigación, de 10 años de cárcel y máximo de 40″, agregó la misma fuente consultada.
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El sospechoso involucrado fue detenido en la vía pública, mientras que a la mujer fue apresada en una de las viviendas allanadas por integrantes del Escuadrón 29 “Malargüe” de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Ambos fueron detenidos por “promover o facilitar la corrupción de menores” y por el delito de “producción y tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes”.
El fiscal de San Rafael, Javier Giaroli, estuvo al frente de los allanamientos simultáneos en el cual se secuestraron dispositivos de almacenamiento de información con evidencia digital, como así también tablets, teléfonos celulares, prendas de vestir de las víctimas vulneradas, entre otros elementos de interés para el caso.
Los sospechosos, primero, fueron trasladados a la Comisaría 24ª de Malargüe y luego pasaron las últimas dos noches en la Penitenciaría. Mientras que los niños fueron abordados por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para su contención y cuidado.
“Los videos eran, lamentablemente, tan explícitos y las imágenes muy claras para corroborar y comprobar la identidad de los autores y de las víctimas. El material es de tal calidad que se pueden observar señas corporales que no dejan dudas con respecto a los autores ni a las víctimas que fueron cotejados con los informes forenses”, describieron las fuentes consultadas.
Además, el material filmográfico incautado, y que ahora es parte clave de la prueba, determinó que el lugar en donde se produjeron los abusos son los mismos domicilios allanados.
El cuadro procesal que enfrentan los adultos incluye acceso carnal agravado por el vínculo y por la situación de convivencia; corrupción de menores agravada por haber sido cometida por el ascendiente; producción de material de abuso sexual infantil agravada por ser la víctima menor de 13 años; facilitación de material de abuso sexual infantil agravada por ser la víctima menor de 13 años; y tenencia de material de abuso sexual infantil también agravada.
Cómo se originó la investigación
La ONG internacional National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) recibió una alerta roja automática, generada por un sistema de inteligencia artificial, que detectó una infracción a las normas comunitarias, tanto en Instagram como Google en febrero pasado. “Fue una subida masiva de material de abuso infantil en una nube, con la novedad que no era material viral sino nuevo que se estaba distribuyendo”, informó la fuente.
Y agregó: “Esa alerta se vincula con una red de Fiscales que se llama 24/7 que, a su vez, deriva el caso -en primera instancia- en una fiscalía especializada en cibercrimen en Buenos Aires, de allí pasa a la ciudad de Mendoza y luego en la fiscalía de Malargüe. Todo esto ocurre en muy pocos minutos”.
Otro de los puntos peculiares del caso fue el hermetismo con el que se manejó. El motivo fue que el sospechoso detenido es hermano de un policía de Mendoza -aunque el agente no es investigado como cómplice-. Es por ello que actuó Gendarmería Nacional en los procedimientos.
“La investigación va a proseguir y seguramente se va a endurecer la acusación y la pena, en caso de que se haya intentado comercializar este material debido a que en el mercado negro se pagan grandes sumas de dinero por este tipo de material nuevo”, cerró el detective consultado.
El Ministerio Público Fiscal pedirá 22 años de prisión tras el fallo que impuso una condena de cinco años.
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