Un terrible caso de abuso y pornografía infantil sacudió en las últimas horas a los habitantes de Medellín, Colombia. Una mujer obligó a sus hijos -un bebé de 1 año y medio, una nena de 7 y un nene de 9-, a realizar actos sexuales mientras los grababa para luego vender el material por internet.

Los videos comenzaron a difundirse principalmente en Australia y las autoridades de ese país iniciaron una investigación para rescatar a los tres menores. Analistas de la información de Interpol recopilaron más de 90 imágenes de contenido pornográfico y las introdujeron en un software con la capacidad de analizar miles de datos y arrojar información de los países donde posiblemente se está cometiendo el delito.

De esta manera, determinaron que Colombia era el país origen. Así, el personal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol confirmaron que las escenas se filmaban siempre en la misma casa. Los menores abusados eran siempre los mismos y aparecían dos mujeres a su lado.

Siguiendo la pista de un uniforme de colegio que tenía uno de los niños, la policía dio con el paradero de las mujeres en el barrio Alfonso López en Medellín y se determinó que una de ellas era la madre de los menores y la otra, su tía.

En algunos casos las hermanas recreaban escenas sexuales ante los niños y los obligaban a que hicieran lo mismo que ellas, incluso les decían: “Miren a la cámara y pidan un regalito”, frase con la que -concluyen los investigadores- las mujeres vendían el material pornográfico.

Finalmente, las mujeres fueron detenidas y los menores quedaron bajo protección en un hogar de paso. La investigación continúa porque posiblemente exista una organización internacional que se dedica a la pornografía infantil y que indujo a esta mujer de bajos recursos económicos a perpetrar estas atrocidades.

Según cifras oficiales, más de 2000 niñas, niños y adolescentes ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) por ser víctimas de explotación sexual comercial en Colombia, mientras que Medicina Legal reportó que en 2022 se practicaron 20.887 exámenes médicos por presunto abuso sexual contra menores en el país.