
El juez Sergio López Martí consideró que no había riesgos procesales y ordenó medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
El llamado al 911 movilizó a fuerzas de seguridad y generó la evacuación total del establecimiento educativo.
PolicialesLa amenaza de bomba que obligó a evacuar la Escuela Rogelio Boero en San Juan tuvo un giro inesperado: la investigación apunta a tres adolescentes que habrían realizado el llamado al 911 como parte de una “broma entre amigos”. El episodio, ocurrido el martes 30 de julio, activó dos operativos de seguridad de alto costo y generó preocupación en la comunidad educativa.
Según fuentes judiciales, los jóvenes —todos menores de edad— habrían utilizado un teléfono público para realizar la falsa denuncia. La llamada alertaba sobre la presencia de un artefacto explosivo en el interior del establecimiento, lo que obligó a evacuar a alumnos, docentes y personal no docente, y movilizó a la Policía, Bomberos, Criminalística y la Brigada de Explosivos.
La investigación quedó en manos de la fiscalía de Flagrancia, que logró identificar a los presuntos responsables mediante registros de cámaras de seguridad y testimonios. Los adolescentes fueron puestos bajo la mira judicial, aunque por su edad no enfrentan cargos penales, sino medidas de protección y seguimiento por parte de organismos especializados.
Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que los operativos implicaron un gasto millonario en recursos humanos y logísticos. Además, se evalúa la posibilidad de que los responsables —o sus tutores legales— deban afrontar sanciones administrativas o civiles por el daño causado.
El caso reabre el debate sobre el uso responsable de los servicios de emergencia y el impacto de las “bromas” en contextos escolares. Las autoridades reiteraron que toda amenaza, incluso si resulta falsa, activa protocolos estrictos para preservar la seguridad de la comunidad.
El juez Sergio López Martí consideró que no había riesgos procesales y ordenó medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
El caso quedó en manos de CAVIG; el acusado cumplirá preventiva por dos meses mientras se desarrolla la investigación
Un llamado al 911 alertó sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en el establecimiento.
La denuncia involucra a una menor de edad y un profesional de la salud; se ordenaron allanamientos y restricciones de acercamiento.
El accidente ocurrió cerca de Ruta 153. El conductor, José Luis Camposano, era vecino de la zona y murió en el acto. Se investiga una posible descompensación médica
El choque ocurrió el 6 de julio y se cobró una víctima fatal nueve días después. La imputada permanece en libertad ambulatoria por razones de salud.
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El juez Sergio López Martí consideró que no había riesgos procesales y ordenó medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
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