
Milei denunció penalmente a tres periodistas: Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad

El presidente Javier Milei denunció al periodista Carlos Pagni por presuntas "calumnias o falsa imputación" e "injurias" en los tribunales de Retiro y la investigación quedó a cargo por sorteo del juez federal Daniel Rafecas. También denunció por los mismos delitos a Viviana Canosa y al periodista Ari Lijalad, informaron fuentes judiciales. En el caso de Canosa, la denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos y en el de Lijalad del juzgado federal 6 que está vacante y es subrogado por el juez Rafecas.
"El Sr. Pagni realizó un recorrido histórico sobre el régimen nazi con la clara intención de inducir al lector a una comparación insidiosa entre el dictador Adolf Hitler y mi persona", dijo el presidente en su denuncia y sostuvo que estos dichos afectaron "gravemente" su "honor y reputación". Pagni leyó un texto entrecomillado de un libro que describe el clima político en Alemania durante el ascenso del nazismo.
La denuncia de Lijalad también fue por una presunta alusión a Hitler asociada a su persona. En el caso de Canosa, la denuncia fue porque la periodista lo habría tildado de "déspota" y "autoritario" cuando lo comparaba con "líderes dictatoriales".


El jefe de Estado había anticipado la denuncia en su conversación del jueves en el canal paraoficialista de streaming Carajo, en la tertulia comandada por Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan. "Firmé tres denuncias a distintos periodistas por mentiras. Una es por tratarme de nazi. El presidente de Israel salió a bancarme. Es la banalización del Holocausto", manifestó.
"¿Tenés la libreta con los periodistas que tengo que meter en cana? ¿Y los funcionarios que tengo que echar? Son tan rudimentarios, y están enfermos de literalidad", insistió. Además, tildó a los trabajadores de prensa de "prostitutas de los políticos". "Si odiás al político, al periodista odialo más porque cobran por hacer lo que el político no hace. Son calumniadores e inquisidores", argumentó.
El delito de calumnias e injurias fue despenalizado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, particularmente contra dirigentes y específicamente a favor de periodistas para garantizar la libertad de prensa.





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