
La medida alcanza a trabajadores contratados de la Administración Pública y será abonada el 16 de enero de 2026.
La herramienta, implementada en abril de 2024, permitió acelerar trámites institucionales y optimizar la interacción del Registro Civil con organismos del Estado.
Locales


A un año de su puesta en marcha, el Canal Virtual del Registro Civil de San Juan se afianza como un ejemplo de transformación administrativa eficiente, segura y con impacto directo en la gestión estatal. Desde abril de 2024, esta herramienta digital permite a organismos públicos, como el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y otras dependencias administrativas, solicitar partidas o inscribir sentencias judiciales de forma completamente remota, con trazabilidad y respaldo digital.


El balance del primer año arroja cifras elocuentes: se procesaron 1.470 solicitudes institucionales, se expidieron 2.489 copias con firma digital y se inscribieron 1.267 sentencias judiciales. Estos números dan cuenta no sólo de la eficacia del canal, sino también de su adopción sostenida por parte de los actores institucionales clave.
El impacto ha sido transversal: en el ámbito judicial, el acceso a documentación respaldatoria ha permitido acelerar procesos probatorios; en la administración pública, ha servido de soporte en políticas sociales, de niñez y protección; y para las fuerzas de seguridad, ha significado una mejora sustancial en la disponibilidad de antecedentes y constancias formales para tareas investigativas.
Además, la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas continúa perfeccionando el sistema. Entre los avances recientes destacan la incorporación de formularios estandarizados para carga digital, la ampliación del canal a nuevos fueros y provincias, y la implementación de indicadores de calidad y satisfacción institucional para medir su impacto real.
Este aniversario marca no sólo un hito operativo, sino también un cambio cultural en la forma de interactuar entre los organismos del Estado. El canal virtual, que ya es referencia a nivel interprovincial, demuestra que la digitalización bien planificada no es solo una opción, sino una necesidad para construir una gestión pública más ágil, transparente y centrada en el servicio.




La medida alcanza a trabajadores contratados de la Administración Pública y será abonada el 16 de enero de 2026.

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