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Julio Gallo negó haber golpeado al animal y aseguró ser víctima de amenazas, escraches y una clausura injusta: “Soy inocente y lo vamos a probar”, aseguró.
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Julio Gallo, un comerciante de Rawson, quedó oficialmente bajo investigación por la presunta violación de la Ley 14.346 de maltrato animal, tras ser señalado como sospechoso de haber causado la muerte de una perrita callejera el pasado 31 de diciembre, en su verdulería ubicada en Lemos y Boulevard Sarmiento. A pesar de la acusación, Gallo niega rotundamente su participación y afirma que es víctima de una injusticia.


“Yo no maté a esa perrita, sería incapaz de hacerle daño a un perro. Soy inocente y mi abogada tiene todo el material para probarlo”, declaró frente al juez Eugenio Barbera, quien concedió un plazo de 60 días para que la UFI Genérica continúe con la investigación a cargo de los fiscales Jorge y Belén Sánchez.
Según el relato del comerciante, desde que se viralizó la denuncia en redes sociales, su vida y la de su familia se transformaron en un calvario. “He sufrido amenazas de muerte a mis hijos, escraches. Sufrimos daño psicológico, sin contar con que el municipio me clausuró el local y me prohibió tener un comercio en ese departamento. Me han hecho un daño muy grande”, expresó Gallo en diálogo con este medio.
La abogada del acusado, Vanesa De Dax, sostiene que su cliente no cometió ningún delito y que el episodio que se le atribuye “ocurrió en otro lugar”. Asegura además que no hay testigos directos que lo vinculen con un acto de violencia hacia el animal y que parte de la versión que circuló en redes sociales no se corresponde con los hechos reales.
En este punto, la defensa hace foco en la supuesta declaración de una empleada del local, a quien algunos acusan de haber presenciado una agresión por parte de Gallo hacia la perrita, utilizando cajones como arma. Sin embargo, tanto Gallo como su abogada afirman que esa testigo “nunca declaró que él haya golpeado al animal”.
Desde Fiscalía, en cambio, consideran que hay elementos suficientes para sostener la sospecha, aunque reconocen que aún resta incorporar más pruebas y testimonios. Además, en la causa interviene la presidenta de la Asociación Civil Pitbull en Peligro, Emilia Merino, quien se presentó como querellante con el patrocinio del abogado Adolfo López Martí.
El expediente se abrió oficialmente el 3 de enero, a partir de una denuncia que se inició tras el llamado al 911 por parte de la misma empleada que corrió con el animal herido en brazos hasta constatar su muerte. Fue ella quien lo dejó sobre una vereda, dando lugar a las primeras averiguaciones que luego devinieron en la apertura formal de la causa.
Qué dice la ley
La Ley Nacional 14.346 contempla penas de 15 días a 1 año de prisión para quien cometa actos de maltrato o crueldad contra los animales. En casos donde el imputado no tiene antecedentes, puede acceder a una suspensión del juicio a prueba (probation), que implica la realización de tareas comunitarias.
En este caso, desde Fiscalía se evaluó ofrecer esa alternativa a Gallo, pero la defensa rechazó la posibilidad, convencida de poder demostrar la inocencia del comerciante en el proceso judicial.
El caso ha generado una fuerte repercusión en la comunidad y en redes sociales, donde miles de usuarios exigen justicia por la perrita fallecida. Mientras tanto, la investigación avanza y en los próximos días se espera que declaren nuevos testigos que podrían ser clave para esclarecer qué ocurrió realmente aquella siesta de fin de año en Rawson.




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