
El Presidente y su comitiva fueron agredidos durante una recorrida de campaña. Por el hecho hay dos detenidos.
Esta normativa data de 1992 y ahora la gestión Milei busca que las Fuerzas Armadas tengan más atribuciones.
NacionalesLa Ley de Seguridad Interior fue promulgada en enero de 1992, durante la primera gestión de Carlos Menem, y ahora el gobierno de Javier Milei busca modificarla para permitir a las Fuerzas Armadas "intervenir y realizar operaciones de seguridad interior para devolverle la paz y tranquilidad a los rosarinos".
El Gobierno justifica estos cambios en la necesidad de actuar ante lo que considera como actos de terrorismo, es decir, "todas aquellas acciones y delitos destinados a aterrorizar a la población", según define el Código Penal.
De acuerdo a lo que sostuvo este jueves en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Luis Petri, actualmente la Ley de Seguridad Interior ofrece dos supuestos de intervención de las FF.AA. en operaciones de seguridad interior: Dar apoyo a las fuerzas de seguridad nacional y/o provinciales y decretar el estado de sitio en uno o más puntos del país.
Sin embargo, en estos últimos casos "se suspenden las garantías constitucionales, pero las FF.AA. no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden preparase para actuar".
Ante esto, la modificación a la ley vigente busca sumar un tercer supuesto para los considerados actos de terrorismo que habilitará a las Fuerzas Armadas "a realizar tareas de seguridad interior como patrullaje, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez o fiscal", dijo el ministro.
Además, también se les habilitará el uso de "medios coercitivos" en base a las mismas normas de las fuerzas de seguridad: "Es imprescindible la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en el uso de la fuerza", agregó Petri.
El titular de Defensa confirmó que, en estos casos en los que las FF.AA. utilicen la fuerza de forma justificada, "sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en el uso del poder".
Finalmente, el funcionario agregó que serán capacitadas para actuar de esta forma en busca de cuidar a la sociedad civil de forma interna y prevenir delitos y tragedias.
El Presidente y su comitiva fueron agredidos durante una recorrida de campaña. Por el hecho hay dos detenidos.
El Hospital J. B. Iturraspe alertó sobre la desaparición de medicación clave en su unidad de cuidados críticos.
Tras varios allanamientos, la Policía encontró a Diego Spagnuolo en un country de Pilar y le secuestró su celular.
Los mensajes entre empleados de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo exponen cómo se ocultaban reactivos vencidos y se fabricaban medicamentos en condiciones irregulares.
El exsecretario de Obras Públicas recibió una pena unificada por su rol en la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito. La Justicia rechazó su pedido de prisión domiciliaria por supuestos problemas de salud.
El gobierno suspendió más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral tras una revisión de requisitos. La medida busca destinar los recursos solo a quienes realmente los necesitan y genera un ahorro millonario para el Estado.
La expresidenta, condenada y bajo prisión domiciliaria, salió al balcón de su departamento en Constitución para saludar a la militancia tras la victoria de Fuerza Patria. En redes, publicó un mensaje cargado de críticas al presidente y reivindicaciones políticas.
La Unidad de Apoyo Investigativo logró recuperar dos rodados sustraídos en el Barrio Aramburu, bajo jurisdicción de la Comisaría 27. El operativo permitió devolver los vehículos a su legítimo dueño.
Se intervendrán las rampas de ingreso y salida de la avenida con trabajos de acondicionamiento, nueva carpeta asfáltica y defensas metálicas.
Impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, la iniciativa busca modernizar, transparentar y ordenar el transporte de personas y carga en la provincia. El proyecto incluye la creación de un registro único, sanciones económicas y el fin del negocio de licencias.
El efectivo de la Policía de San Juan que protagonizó un altercado con un repartidor ya había sido denunciado por amenazas en 2022. El nuevo episodio reabre el debate sobre el control interno de las fuerzas de seguridad.