En los últimos 14 años, entre 2008 y 2022, la asistencia alimentaria que el estado nacional les brinda a los sectores más vulnerables pasó de un millón de familias a dos millones seiscientas mil, es decir que casi se triplicó. De ese total, el 50% (1.300.000 hogares) se incorporaron entre 2019 y 2022, esto es en el último año del mandato de Mauricio Macri y la administración de Alberto Fernández. En 2020, las medidas de aislamiento adoptadas por el gobierno del Frente de Todos para evitar la propagación del COVID-19 agravaron aún más la situación de los hogares más vulnerables.

Sin embargo, esta gran inversión social sólo alcanza para cubrir un tercio de la canasta básica alimentaria de los hogares. La Tarjeta Alimentar es el programa alimentario más importante de la Casa Rosada que administra el ministerio de Desarrollo Social que estuvo a cargo de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y la actual titular de la cartera, Victoria Tolosa Paz. Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó un profundo estudio técnico realizado por la Fundación Éforo titulado Políticas Alimentarias en Argentina.

La investigación destaca: “Pese al nivel de cobertura logrado por la prestación (Programa Alimentario), según la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al segundo semestre de 2022, todavía existían en Argentina 1,7 millones de menores de edad habitando hogares en los que el ingreso familiar resultó insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias”.

Según el análisis realizado por el presidente de Fundación Éforo, Federico Recagno, “esta circunstancia denota que la política no está siendo direccionada a los hogares que mayor ayuda requieren, los indigentes. Y suponiendo un correcto direccionamiento, la cantidad de hogares que sufren de inseguridad alimentaria es mucho mayor que la contenida mediante la ayuda del Estado”.

De acuerdo a esa línea de razonamiento y producto del entrecruzamiento de los datos oficiales, Recagno concluyó: “Esta gran inversión social solo alcanza para cubrir un tercio de la canasta básica alimentaria de los hogares”.

Por su parte, Fabián Méndez, coordinador general de la misma fundación, aseguró que “los datos muestran que no hay soluciones simples para problemas complejos; la situación de los hogares más vulnerables sería peor sin la existencia de la Tarjeta Alimentar, pero en la práctica esta asistencia termina funcionando como un complemento de ingresos a la familia, más que como un reaseguro nutricional”.

Los profesionales le explicaron a este medio que la Prestación Alimentar “tiene como objetivo proveer una alimentación adecuada y suficiente a las familias en situación de vulnerabilidad, por lo que la comparación con las cifras de indigencia resulta inevitable toda vez que las mismas cuantifican a la población que habita hogares que no logran cubrir a través de su ingreso sus necesidades alimentarias”.

En esa línea de razonamiento, el estudio destaca que “hasta 2011, el número de personas indigentes se redujo sostenidamente, mientras que los hogares beneficiarios con el programa alimentario -que llevan distintos nombres- crecen” y recuerdan que durante esos años (gobierno de Cristina Kirchner), con excepción de 2009, la economía argentina creció.

Desde 2012 y, en paralelo con la fase de estancamiento en el nivel de actividad económica, “la cuantía de personas indigentes creció al tiempo que los beneficiarios de la prestación alimentaria se mantuvieron relativamente estables (aunque se aprecian algunas caídas año a año)”, se repasa en el relevamiento.

A partir de 2018 (gobierno de Mauricio Macri), “el deterioro económico tuvo como correlato el abrupto incremento en los niveles de indigencia, llevando, en 2019, a 3,5 millones de personas a no cubrir sus necesidades básicas alimentarias” . En 2020, ya en la administración del Frente de Todos, “las medidas de aislamiento adoptadas para evitar la propagación del COVID-19 agravaron aún más la situación de los hogares, llevando a 4,7 millones de personas a encontrarse por debajo de la línea de indigencia. En un marco de demandas sociales crecientes, el gobierno nacional multiplicó los esfuerzos de contención y asistencia hacia las familias, ampliando significativamente la cobertura de la Tarjeta logrando con ello quebrar (aunque ligeramente) la tendencia creciente que venía evidenciando el mencionado indicador social”.

Un dato llamativo es que, pese al mencionado nivel de cobertura logrado por la prestación, según la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al segundo semestre de 2022, todavía existían en Argentina 1,7 millones de menores de edad habitando hogares en los que el ingreso familiar resultó insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias.

La misma Fundación, en otra de sus investigaciones, reveló que los planes sociales en la Argentina comenzaron a aumentar en el año 2009, pero se duplicaron a partir de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y se quintuplicaron desde que Alberto Fernández delegó su manejo a los movimientos sociales. La curva en la actual administración no dejó de ascender, inclusive, después de la pandemia de coronavirus.

El trabajo también destaca que el crecimiento de los recursos públicos asignados a la Seguridad Social es menor que el número de personas beneficiadas. “Es decir, una persona recibe más de un beneficio para compensar el escaso valor monetario real de estas transferencias.

Los datos socioeconómicos marcan que, aunque el Estado invierte la mitad de su presupuesto en la Seguridad Social, los índices de pobreza e indigencia se profundizan.

La inflación que no logra domar el gobierno es gran responsable de que los montos trasferidos a las familias a través de la Tarjeta Alimentar se licúe cada vez más rápido. Por esa razón, la semana pasada la Casa Rosada anunció un aumento del 35% para los beneficiarios de ese programa asistencial como también la implementación de dos subas trimestrales en 2023. Las medidas fueron dadas a conocer luego del encuentro que Alberto Fernández mantuvo con el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en la Quinta de Olivos.

El presupuesto del programa alimentario que depende de la cartera social a cargo de Tolosa Paz es de $442.755.687.402; una cifra ligeramente inferior al destinado al Potenciar Trabajo, que trepa a $590.981.978.110.

El estudio de la Fundación destaca: “Si se compara el monto otorgado por la Prestación Alimentar en promedio durante el primer semestre de 2022 con el valor de la Canasta Básica Alimentaria de igual período, puede verse que el monto del beneficio no logra cubrir el valor de la canasta alimentaria”. Es más, el trabajo menciona que “en el caso de los hogares donde uno de los progenitores convive con sus hijos/as (monoparentales), el monto de la Tarjeta apenas alcanzó para cubrir un tercio de la canasta de alimentos de ese hogar, cifra que se reduce a cerca del 20% en hogares biparentales nucleares conformados por una pareja con sus hijos/as)”.