El Gobierno de Marcelo Orrego lanzó una crítica directa contra el modelo de obra pública de la gestión de Sergio Uñac y apuntó especialmente a la infraestructura deportiva. El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, cuestionó la utilidad económica de algunas inversiones realizadas en los últimos años y utilizó como ejemplo al velódromo provincial.
“¿Qué productividad le puede incrementar un velódromo a una provincia? Ninguna”, afirmó el funcionario al defender el criterio que tendrá la administración orreguista para utilizar los US$600 millones obtenidos recientemente mediante la colocación de deuda internacional. La Provincia confirmó que esos recursos tendrán destino específico para inversión en infraestructura y no podrán aplicarse a gastos corrientes.
Gutiérrez sostuvo que San Juan arrastra un déficit de infraestructura que estimó entre US$2.500 millones y US$3.000 millones, y planteó que la gestión anterior ejecutó obras que, a criterio del actual Gobierno, no estaban orientadas a incrementar la capacidad productiva. “Había habido obra pública, pero era obra pública que no tenía ningún sentido de incrementar la productividad de la provincia”, señaló.
La definición marca una diferencia política con el modelo impulsado durante la administración uñaquista, que tuvo en la infraestructura deportiva uno de sus ejes. Para el actual Gobierno, el objetivo será priorizar obras viales, hídricas y energéticas que mejoren la conectividad, la logística y las condiciones para el desarrollo productivo. Ese criterio ya comenzó a plasmarse con proyectos como la transformación de un tramo de la Ruta Nacional 20 en autopista.
Sobre el financiamiento, Gutiérrez aseguró que la Provincia mantiene capacidad para hacer frente a la deuda incluso sin considerar futuros ingresos extraordinarios provenientes de la minería. El bono fue colocado a nueve años y contempla la devolución del capital en tres cuotas de aproximadamente US$200 millones en 2033, 2034 y 2035, además del pago de intereses correspondiente.
El ministro también aseguró que existirá trazabilidad sobre el uso del dinero. Según explicó, los fondos estarán depositados en una cuenta específica y sujetos a controles de Contaduría, controles de legalidad y fiscalización externa del Tribunal de Cuentas.
Con ese planteo, el Ejecutivo provincial busca instalar una nueva discusión sobre la obra pública: no sólo cuánto se construye, sino qué impacto económico genera cada inversión. Y en esa comparación, Gutiérrez eligió una de las obras emblemáticas de la etapa anterior para marcar distancia: el velódromo.
