En 12 de las 24 jurisdicciones argentinas cayó la participación de la educación dentro del presupuesto entre 2004 y 2021. Esa caída fue menor a un 1 punto porcentual en las provincias de Buenos Aires y La Rioja, pero alcanzó niveles máximos en CABA (-8,8 puntos porcentuales) y Mendoza (-7,3 pp), según los datos del informe “Financiamiento educativo provincial”, del Observatorio de Argentinos por la Educación. La relevancia del dato queda más clara al tener en cuenta que las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo en el país.

Las otras provincias que redujeron el financiamiento educativo como porcentaje del gasto total desde 2004 son Catamarca (-1,74 pp), Jujuy (-2 pp), Corrientes (-2,1 pp), Santa Fe (-3,0 pp), Córdoba (-3,74 pp), Chaco (-5,43 pp), San Juan (-6,4) y Santiago del Estero (-6,9).

 
En el mismo período, Salta (+8,1 pp), Neuquén (+6,6 pp) y Misiones (+5,3 pp) fueron las que más incrementaron su esfuerzo presupuestario, al aumentar la proporción de su presupuesto destinado a educación.

El informe, realizado por Javier Curcio (UBA/IIEP), Martín Nistal y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación), considera el total del gasto educativo, sin importar qué ministerio ejecuta el presupuesto. De acuerdo con ese indicador, en 2021 las dos jurisdicciones que dedicaron mayor proporción de su presupuesto a la educación fueron provincia de Buenos Aires (30,8%) y Salta (28,8%). Por otro lado, las que menos presupuesto asignaron con respecto a su presupuesto total fueron CABA (16,7%) y Santa Cruz (17,6%). Según estas cifras, la provincia de Buenos Aires invierte en educación casi el doble que CABA en relación con su presupuesto total.

El documento analiza cómo evolucionó el gasto educativo en las provincias, en qué gastaron y qué esfuerzo presupuestario hicieron entre 2004 y 2021. Todas las cifras se presentan actualizadas a valores constantes de marzo de 2023. “El trabajo analiza la evolución del gasto educativo de las provincias, que representa alrededor de tres cuartas partes del gasto educativo total. En consecuencia, es muy importante su monitoreo para identificar el peso relativo que tiene la educación en cada provincia y para analizar el financiamiento educativo en general”, explicó Javier Curcio, coautor del informe, a Infobae.

¿Es posible relacionar de manera directa una mayor inversión educativa con mejores resultados de aprendizaje? Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo, advirtió: “No hay estudios sobre la correlación entre esas dos variables en Argentina. De todos modos, son estudios controvertidos sin resultados concluyentes”. Por otro lado, Morduchowicz reconoció que hay mayor consenso en cuanto al impacto no del nivel de inversión, “sino del modo en que se asignan esos recursos, pero sobre esto tampoco hay estudios en el país”.

El factor de la coparticipación y el gasto en salarios
Desde el Ministerio de Educación de CABA señalaron que los datos de la Ciudad en la comparación provincial se explican porque el informe tiene en cuenta los fondos coparticipables como parte de los “esfuerzos jurisdiccionales”. En ese sentido, indicaron que CABA es la jurisdicción que menos recursos coparticipables recibe, dado que su presupuesto “se compone en un 84,7% de recursos propios y solo un 15,3% de transferencias nacionales”, y destacaron que “CABA genera aproximadamente el 25% de los recursos coparticipables del país y solo recibe el 1,4%”.

También explicaron que, al observar la evolución del presupuesto, es importante considerar que “la Ciudad incorporó durante el período analizado nuevas competencias que fueron transferidas del gobierno nacional a la jurisdicción, tales como el traspaso del servicio de subterráneos en el año 2012, nuevas competencias en materia de Justicia, y el servicio de Seguridad en 2016 (entre otros factores). Como consecuencia obvia de esto, los pesos relativos de todas las reparticiones se reducen”.

En su respuesta, el Ministerio de Educación de CABA planteó que, si se analiza la evolución del presupuesto a valores constantes, el presupuesto de Educación aumentó un 12% entre 2007 y 2021. Pero si se considera el peso relativo de la educación dentro del gasto total, esta pasó de representar el 25,5% del gasto público en 2004, al 16,7% en 2021, según los datos del informe.

Otro dato relevante que se desprende del trabajo de Argentinos por la Educación es que todas las jurisdicciones dedican más del 65% de sus presupuestos educativos al pago de salarios de docentes y no docentes. Ese porcentaje alcanza niveles máximos en Chubut (91%) y Neuquén (86%); en el otro extremo, las que destinan menor proporción del presupuesto educativo a salarios son San Luis (66%), Formosa y CABA (69%). En 11 provincias, más de 8 de cada 10 pesos del gasto educativo se destinan a salarios.

Esto no quiere decir que los salarios docentes sean altos, sino simplemente que el sector educativo es intensivo en mano de obra. De hecho, otro informe de Argentinos por la Educación mostró que los docentes ganan menos que otros profesionales con un nivel de formación similar.

“La mayor erogación, por lejos, es el salario docente, seguido en la mayoría de las provincias por las transferencias al sector privado (subsidios a las escuelas de gestión privada). En tanto, es muy notoria la baja proporción de gasto destinada a la inversión en infraestructura (bienes de capital). Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en bienes de capital de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento”, declaró Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación.

Entre 2004 y 2021, la provincia que más aumentó el gasto por alumno del sector estatal en el nivel inicial y primario es Salta (174,7%). Santa Cruz (-33,5%) es la jurisdicción donde más cayó este indicador. En el nivel secundario, la provincia que más aumentó su gasto por alumno fue La Pampa (309,7%), mientras que este indicador solo se redujo en la provincia de Chubut (-4,0%) durante el período analizado.

El rol del Estado nacional, clave para la equidad
¿Cómo se articula la incidencia del Estado nacional y los estados provinciales en el financiamiento de la educación? “La descentralización educativa requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional. Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, señaló Curcio.

“Cada vez que se habla de inversión educativa se suele mirar al Estado nacional, pero se soslaya que la responsabilidad es de las provincias. El trabajo permite ver a todas y cada una de ellas. Además, muestra distintos períodos y signos políticos. Las caídas en distintas provincias obligan a pensar sobre el rol que tiene la educación en estas, más allá del color político de cada una. Por último, las oscilaciones (y retrocesos) muestran la dificultad de programar y sostener acciones educativas en contextos tan inestables”, reflexionó Morduchowicz.

¿Cuál podría ser el rol del Estado nacional en un escenario tan desigual? Morduchowicz dijo a Infobae: “El ministerio nacional tiene programas educativos y, según cómo los distribuya y el fin que cumplan, podría atenuar algunas asimetrías. Pero el porcentaje de recursos que tiene para acciones sectoriales es muy pequeño con relación al total de los presupuestos provinciales. La principal –y en teoría más poderosa– fuente de redistribución es la coparticipación de impuestos”.

Morduchowicz agregó que el Estado nacional podría tener incidencia “monitoreando la inversión provincial y distribuyendo sus recursos, como lo estipula el artículo 14 de la Ley de Financiamiento Educativo, que señala que se deberán tener en cuenta las necesidades, la capacidad y el esfuerzo provincial en materia educativa”.

“El informe permite advertir algunos problemas comunes a las diferentes jurisdicciones, como la excesiva participación del componente salarial en los presupuestos educativos”, señaló Juan Doberti, docente e investigador de la UBA. Para Doberti, “en un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos y, asimismo, los escasos recursos se empleen de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones del país”.