La Fiscalía de Bolivia ordenó este martes la captura del expresidente Evo Morales, acusado de los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos vinculados a los bloqueos de rutas que afectaron al país durante siete semanas entre mayo y junio.
La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y también incluye los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. Según la investigación, Morales habría tenido un rol central en las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, los bloqueos provocaron graves consecuencias en todo el país: desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares. El Gobierno también atribuye a esas protestas la muerte de 16 personas, trece de ellas por no haber recibido atención médica a tiempo debido al corte de rutas.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del Ministerio de Gobierno. En el expediente también figuran otros dirigentes sindicales y campesinos que participaron de las movilizaciones.
Tras conocerse la orden de captura, Morales rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su actividad política.
"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto", expresó el exmandatario a través de sus redes sociales.
El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno atendiera los reclamos de distintos sectores sociales y niega haber promovido la caída del presidente. Sin embargo, durante el conflicto había manifestado públicamente que Rodrigo Paz tenía "dos caminos": militarizar el país o convocar a elecciones anticipadas.
La nueva disposición judicial se suma a otra orden de captura que ya pesaba sobre Morales en una causa por presunta trata agravada de personas. En ese expediente, la Justicia investiga una supuesta relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija durante su mandato presidencial.
Desde octubre de 2024, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, donde es custodiado por cientos de seguidores que buscan impedir el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en su contra. La Policía boliviana sostiene que ejecutará el arresto cuando existan las condiciones de seguridad necesarias.
