Déficit cero: tras la caída de la Ley Ómnibus, cómo sigue el plan fiscal de Caputo para ajustar el gasto

La ecuación del déficit cero de este año, ya sin el apoyo de la suba de impuestos que estaba incluida en la Ley Ómnibus que cayó este martes, implicará según estimaciones del Ministerio de Economía un sendero de ajuste fiscal levemente más baja que lo estimado en un principio. El rojo financiero total a eliminar este año sería, calculó Luis Caputo, un 0,2% del PBI (algo menos de $400.000 millones) menor a lo previsto. 

En el equipo económico aseguran que el resultado fiscal de enero será superavitario, algo que algunos economistas señalan como una consecuencia del freno en el gasto que determinó el Gobierno desde el inicio de la gestión. Y a que, además, el ritmo más lento de ejecución suele ser un síntoma habitual de un cambio de mandato.

 
“Hay un 0,2% de menor déficit, 0,1% primario, 0,1% financiero. Vamos a lidiar con el déficit, profundizando el ajuste en las partidas ya conocidas. En enero ya estamos en equilibrio financiero sin ley”, dijo este miércoles Caputo. El último número informado por la Secretaría de Hacienda había sido de 6,1% del PBI de déficit total en el sector público tras el cierre del ejercicio de 2023, por lo que ese número podría caer entonces a 5,9 por ciento.

Desde 2016 hacia esta parte, por lo pronto, solo hubo superávit primario en 2019 y 2021, pero se mantuvo en situación de déficit financiero al incluir en la cuenta los intereses de deuda. Un consultor que sigue el día a día las cuentas fiscales observaba, ante la pregunta de Infobae, que para su sorpresa este enero terminaría por mostrar un muy marcado superávit primario pero también financiero, en un mes en que hubo pago de intereses por los bonos en moneda extranjera. El resultado era tan alto que pidió a su equipo revisar todos los números de nuevo.

Por su parte, de acuerdo a los datos de Analytica en base a información oficial, la poda en términos reales en el primer mes del año fue de 37%, superior a lo que había marcado diciembre, cuando había sido de 31 por ciento. Para el gasto primario en particular expresado en pesos a valor constante si en enero de 2023 el sector público nacional gastó 4,5 billones de pesos, el mes pasado lo hizo por 2,8 billones, lo que implicaría ese ajuste de 37 por ciento.

El Gobierno perdió herramientas para llegar hasta el déficit cero a lo largo de los casi dos meses de gestión. Principalmente, el capítulo fiscal y tributario que estaba incluido en el megaproyecto de ley que naufragó esta semana. Con todo ese conjunto (entre las retenciones, el cambio en la fórmula jubilatoria y el combo moratoria-blanqueo-cambios en Bienes Personales más la reversión de Ganancias en un proyecto aparte) el Ministerio de Economía hubiese contado con 2,2 puntos del PBI en la fórmula para el déficit cero.

Un 0,4% del Producto que correspondía a la suba generalizada de retenciones a las exportaciones, anunció Caputo, será compensada por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos. Quedará, así, un margen de 1,8 puntos del PBI que el equipo económico deberá cubrir con otras vías. Una parte podría provenir de un ajuste más marcado sobre algunos ítems del gasto público.

Pero también habría, al menos en la hoja de ruta nueva que empiezan a bocetar en los despachos oficiales tras el fracaso de la Ley Ómnibus, un nuevo intento por hacer pasar por el Congreso algunas reformas. El Poder Ejecutivo sigue con la intención de suspender la fórmula de actualización trimestral jubilatoria vigente y reemplazarla, por otra que siga a la inflación. Y el Ministerio de Economía ya le aseguró también al FMI que en algún momento del año volverá a insistir con el proyecto de ingresos personales que también fue retirado de la discusión parlamentaria.

Hoy Caputo habló de “partidas ya conocidas” en referencia a las que ajustará de forma más rápida para preparar el terreno para el superávit primario. En materia de subsidios las planillas de Caputo y su equipo muestran que en 2023 terminó con subvenciones equivalentes a 1,5% del PBI para el caso de la energía y de 0,5% para el transporte. El ajuste previsto en una primera instancia llevaría esa cuenta a 1,3% del PBI (es decir, 0,5% de recorte a subvenciones energéticas y 0,2% de transporte) pero, con el megaproyecto de ley rengo de su pata fiscal, podría haber en ese rubro del gasto espacio para profundizar la poda.

La obra pública también sufrir el ajuste acelerado. Eso sucede porque en el “Plan A” los fondos no iban a ser cortados a cero de un año a otro sino que pasarían de 1,7% del PBI a 0,7 por ciento. Ya con esa poda dejarían de realizarse cantidad de obras que estaban licitadas pero no iniciadas y solo algunas de las que estaban en ejecución.

El Gobierno necesitará cumplir, en ese camino que terminaría a fin de año con un superávit primario de 2% del PBI y un equilibrio financiero, tres objetivos intermedios trimestrales que quedaron planteados en el acuerdo renovado con el Fondo Monetario Internacional.

Respecto a las partidas de transferencias a provincias, el plan de ajuste inicial no esperaba llevarlas de inmediato a cero, sino que deberían terminar el año en torno de 0,5% del PBI, una caída desde 0,8 del PBI, lo que implicaría que hay ahí un margen de acción mayor. La áspera relación en las últimas semanas con los gobernadores preanuncia un movimiento en este renglón del presupuesto.

La secuencia del ajuste fiscal implicaría, para el Gobierno, que al finalizar el primer trimestre a fines de marzo el sector público ya debería tener un superávit de casi 1 billón de pesos, según el acuerdo con el Fondo Monetario. A mitad de año tendría que ser de casi 2 billones de pesos y en septiembre, el último mes alcanzado por las revisiones técnicas del FMI, el superávit debería superar 2,8 billones de pesos.