La fiscal federal Cecilia Incardona ratificó hoy la continuidad de la investigación sobre el avión iraní-venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. En un breve dictamen, sostuvo que todavía hay varias medidas de prueba pendientes y que el plazo impuesto por la Cámara Federal de La Plata de diez días solo debe aplicarse para definir la prohibición de salida del país de 7 de los 19 tripulantes.

Hace dos semanas, al autorizar la salida del país de 12 tripulantes, la Cámara había sostenido que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen”. Ese plazo vence este mañana.

 
La querella de la DAIA cuestionó el plazo impuesto por la Cámara en duros términos. “Ese límite resulta incomprensible y debería ser prorrogado por lo que solicito expresamente se requiera dicha prórroga a la alzada, conforme el legislador autoriza se haga cuando vence el plazo legal de investigación”, sostuvo la entidad a través de la abogada Marta Nercellas.

Ahora la fiscal Incardona sostuvo que el plazo es solo para resolver las medidas cautelares pendiente respecto a Gholamreza Ghasemi; Abdolbaset Mohammadi; Víctor Pérez Gómez; Mario Arraga Urdaneta; José García Contreras; Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh.

Luego de eso, siempre según la fiscal, la investigación debe continuar con el desarrollo de las medidas de prueba pendientes. En su dictamen, al que tuvo acceso Infobae, Incardona mencionó puntualmente la traducción completa de todos los audios encontrados en los teléfonos y computadoras secuestrados y la respuesta a los exhortos enviados a Paraguay, España, República Dominicana y Aruba.

En cambio, la fiscal no se pronunció sobre el pedido de indagatorias que hizo la DAIA sobre cinco de los siete tripulantes que siguen retenidos en el país. La semana pasada, la entidad que preside Jorge Knoblovits le pidió al juez Villena que cite a declaración indagatoria a Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez (gerente general de Operaciones de Emtrasur) y Mario Arraga Urdaneta.

Según la querella, esos cinco tripulantes están sospechados de haber participado “en una operación comercial lícita con el fin de obtener dinero y/o bienes con la intención de ser utilizados o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a organizaciones consideradas terroristas”.

Para la DAIA, los tres iraníes “serían los nexos con las Fuerzas Quds y Hezbollah”.

En tanto, los dos venezolanos apuntados están sospechados de una serie de irregularidades financieras vinculadas a la carga del avión. Cuando tuvo que justificar la prohibición de salida del país, Villena mencionó la apertura de cuentas bancarias en Panamá y en Singapur, utilizadas para cobrar parte del dinero de los traslados.

lncardona había sido cuestionada por funcionarios del gobierno de Venezuela cuando apeló el fallo que permitía la salida del país de 12 de los 19 tripulantes del avión. El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, la trató de “ladrona” y dijo que “el mismo día que firmó el adefesio ese (por la apelación) visitó la embajada de Estados Unidos” y la de Israel. Esas visitas nunca ocurrieron.

Venezuela también criticó a la Justicia argentina cuando el juez Villena hizo lugar al pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar el avión de Emtrasur por la transferencia no autorizada entre Mahan Air, una aerolínea vinculada a la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, y Emtrasur.

La situación del avión se sigue tramitando en un incidente paralelo al expediente principal.