El Gobierno Nacional salió a cuestionar la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de no brindar planes sociales a las familias que no manden al colegio a sus hijos en edad escolar.

“A los chicos que no van a la escuela, en vez de estigmatizarlos, tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo”, escribió el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, en su cuenta de Twitter.

“No importa quiénes ni cómo sean sus padres, queremos a los niños y adolescentes en la escuela. Todos tenemos derecho a ser mejores que nuestros padres, a tener más herramientas y oportunidades, y en este caso estos chicos y chicas también”, agregó luego.

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Por último, tuiteó: “Como dirigentes tenemos la obligación de pensar en la dignidad de la gente y no en los títulos de los diarios ni en los retuits de las redes. Anhelamos que los funcionarios de la Ciudad trabajen para solucionar alguno de los problemas y no para generar otros nuevos”.

Por su parte, la portavoz de Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, también utilizó la misma red social para rechazar la medida que perjudicará a las familias beneficiarias del programa social Ciudadanía Porteña que no cumplan con las nuevas condiciones dispuestas por el ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

“El jefe de gobierno Horacio Rodríquez Larreta se refiere hoy al plan Ciudadanía Porteña, que es un programa social que conozco bien, porque tuve el honor de diseñarlo e implementarlo junto a mi equipo del Ministerio de DDHH y Sociales en el año 2006. Ciudadanía Porteña es el primer programa de refuerzo de ingreso universal. En un año llegó a ochenta mil familias porteñas que recibían el 75 por ciento de la canasta básica para luchar contra la indigencia. La ley que creó el programa indica como corresponsabilidades: regularidad escolar, vacunación obligatoria y búsqueda de trabajo para los adultos del hogar. Son corresponsabilidades, y no requisitos, porque tanto el Estado como la familia se comprometen a llevarlo adelante”, comenzó diciendo Cerruti, para luego sentenciar: “Estas corresponsabilidades son un marco para ayudar a las familias a salir de la situación de vulnerabilidad, y no pueden ser usadas como un castigo, una doble estigmatización, una herramienta fiscal para bajar la ayuda”.

“Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo”, agregó. Y concluyó: “Si está tan preocupado por el cumplimiento de la ley, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podría ocuparse de que sigan ingresando familias que lo necesiten o requieran, y que se pague el porcentaje que establece la ley y que se fue restringiendo a medida que pasaron los años”.

La medida de CABA cuestionada por el Gobierno
El Ministerio de Educación porteño informó las nuevas condiciones que deberá cumplir un estudiante a partir de ahora para ser considerado “alumno regular”: deberán asistir en cada bimestre un mínimo del 85% de los días de clase y no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año.

Esta disposición podría afectar a las familias beneficiarias del programa social Ciudadanía Porteña, que reciben un monto adicional por cada menor en el hogar que esté escolarizado para poder cobrarlo.

Si el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad encuentra casos que presenten irregularidades, se comunicarán con la familia para entender la situación e intentar que el menor retome sus estudios. De manera paralela, la cartera educativa se pondrá en contacto con la escuela para trabajar en nuevas oportunidades dentro del aula.

En el caso de que a los tres meses la situación no se haya regularizado, se dará de baja el componente adicional.

Sin embargo, según se informó, estará siempre la posibilidad de que el estudiante regularice su situación escolar y esto habilite a la familia a recuperar aquel monto.