Alberto Fernández ya inició diálogos con los gobernadores sobre el tipo de representación que tendrían las salas del Tribunal Federal de Garantías que anunció en el duro discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, donde llevó al límite su relación institucional con la Corte Suprema y la Justicia federal. La nueva institución judicial se dedicaría a revisar sentencias arbitrarias de los tribunales superiores y, según el Gobierno, contribuiría a mejorar el funcionamiento del Máximo Tribunal.

El Presidente mantuvo conversaciones sobre el potencial órgano con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y con varios gobernadores. Planea que el tribunal tenga 24 miembros, uno por cada provincia, y que esté dividido en ocho salas que se establecerían por sorteo, para evitar que se conformen de acuerdo a temas y composiciones predeterminadas. De acuerdo a este esquema, cada gobernador debería presentar dos nominaciones, de un hombre y una mujer. Y la conformación final se establecería de acuerdo al criterio de cupo por género. Es decir, que el tribunal estaría conformado por 12 jueces de sexo masculino, y 12 de sexo femenino.

 El Presidente basó su anuncio en un artículo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera -quienes integraron el Consejo Asesor para la Reforma Judicial-, titulado “Reformar para transformar: la creación de un tribunal federal de revisión de sentencias arbitrarias”. El texto es parte del informe que el Consejo elaboró y le envió al jefe de Estado el año pasado. Alberto Fernández lo leyó entonces, y lo tenía en agenda hace meses. Entre el jueves y el viernes, mientras preparaba su discurso para la Asamblea Legislativa, llamó a Gil Domínguez para discutir con mayor profundidad las ideas allí vertidas. Es un proyecto que el Gobierno impulsará este año, aunque aún no hay fechas estipuladas para enviarlo al Congreso.

El artículo de Gil Domínguez y Herrera plantea la creación de un tribunal para revisar sentencias arbitrarias de los tribunales superiores. El objetivo principal, sostienen, es mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, al evitar que reciba más causas de las que corresponde según su función principal, que es resolver sobre la validez constitucional de las normas. A través de un Tribunal Federal de Garantías, como lo llamó Alberto Fernández, se acotaría la cantidad de rechazos de causas de arbitrariedad de parte del Máximo Tribunal.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación pasó de ser un tribunal dedicado exclusivamente a controlar mediante el recurso extraordinario la validez constitucional de las normas, a ser un tribunal, que además de dicha potestad, entraba al análisis de cuestiones de hecho, prueba, de derecho común, de cuestiones procesales a todo aquello englobado como el “alma de la causa”, reza el texto en el que se basó el Presidente para impulsar el nuevo tribunal.

Crítico del funcionamiento de la Cámara Federal, en su discurso de ayer, Alberto Fernández dedicó duros pasajes a la Justicia. “El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad”, opinó.

Los cinco miembros de la Corte se encontraban en la ceremonia, pero de manera virtual. La decisión de no presentarse de forma presencial en el recinto obedeció, justamente, al empeoramiento de la relación institucional con el Gobierno. “En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone”, dijo el jefe de Estado, en un tono combativo, afín a la postura de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El Presidente haría una presentación ante el Senado de los integrantes propuestos por los gobernadores para el Tribunal Federal de Garantías. Y la Cámara alta celebraría las audiencias correspondientes previas a sus designaciones. Con estas ideas en mente, Alberto Fernández planea convocar a la totalidad de los jefes provinciales para negociar la representación en el tribunal, antes de enviar el proyecto del Ejecutivo al Congreso para su aprobación. El visto bueno de los gobernadores será clave a la hora de lograr los consensos legislativos necesarios para que el nuevo tribunal pueda ver la luz.