Alberto Fernández firmó este viernes un DNU que anula la intervención y expropiación de Vicentin. Lo hizo con críticas a los accionistas de la empresa, a quienes les achacó un "irresponsable proceder", y al juez que lleva adelante el concurso de la empresa por "no permitir que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía".

El Presidente hizo el anuncio vía Twitter, donde señaló que el magistrado Fabián Lorenzini "ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019".

La determinación del mandatario ocurre horas después de que se truncara el acuerdo con los accionistas de la agroexportadora y Santa Fe diera por caída la negociación.

"El Estado Nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo", afirmó Fernández en una catarata de tuits.

 En el mismo sentido, señaló que la intención del Gobierno "siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo". Y siguió: "Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído".

Fernández sostuvo que "la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial", para luego remarcar que "en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores".

"He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado", concluyó.

De esta forma, el Gobierno puso fin a una iniciativa que desde su anuncio, el pasado 9 de junio, le provocó más dolores de cabeza que satisfacciones. Lo que desde el Presidente y su círculo político era visto como "una decisión estratégica" y "un paso rumbo a soberanía alimentaria", rápidamente comenzó a provocar heridas.

La cruzada por Vicentin generó fuertes críticas del empresariado y la oposición, más un potente rechazo de un sector de la sociedad, que al día siguiente de que se conociera la intención de intervenir y expropiar a la cerealera inició una serie de manifestaciones en plena cuarentena que se replicaron en distintos puntos del país.

Fuente: TN