"Estamos viendo que, en algunos lugares, algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable”. Con esta definición se manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con relación a las salidas de presos en el marco de los numerosos pedidos de sus respectivas defensas por temor al contagio de coronavirus.

En este sentido, Massa advirtió que los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político, siempre y cuando no cumplan la Ley de la Víctima, aprobada de manera unánime por el Congreso y que funciona bajo la órbita de la Cámara baja.

“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos", señaló el diputado en diálogo con el periodista Luis Novaresio, en Radio La Red.

En los últimos días, asociaciones de familiares de víctimas de delito del interior del país –Santa Fe, Rosario, Tucumán– así como Madres del Dolor, Usina de Justicia, Familiares de la Tragedia de Once, junto a Matías Bagnato, Alberto Lebbo y Victoria Bargna, entre otros, repudiaron el uso de la pandemia de COVID-19 como “pretexto” para una “búsqueda de impunidad” para detenidos impulsada por algunos jueces.

Con relación a la posibilidad de iniciar juicio político, Massa explicó: “En enero, el Ministerio de Justicia le cedió al Congreso de la Nación el funcionamiento de la Oficina de la Víctima, creada por una ley votada por unanimidad, que establece que el juez para liberar a un delincuente antes tiene que dar vista e intervención a las víctimas”.
“Hoy estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó Sergio Massa.

En la línea de los pedidos de excarcelaciones por el impacto del COVID-19 en las instituciones penitenciarias, el Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, solicitó ese beneficio para el ex ministro de Transporte Ricardo Jaime, detenido por numerosas causas de corrupción. Esa misma repartición, a cargo de Horacio Pietragalla, habría presentado pedidos ante la Justicia por uno de los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, Martín Báez (antes de la pandemia) y por el dirigente social Luis D’Elía.

A pesar de las críticas, el presidente Alberto Fernández resolvió respaldar a Pietragalla. “Hay una posibilidad procesal de que algún detenido o procesado convoque a la hora de hacer una presentación a un amicus curiae, alguien que puede opinar sin ser parte y ayudar a que el juez tome la mejor decisión. En ese proceso, los abogados de Jaime solicitaron que se expida la Secretaría de Derechos Humanos en condición de amicus curiae”, introdujo el jefe de Estado.

Y continuó: “La Secretaría de Derechos Humanos tiene entre otras funciones hacer cumplir los tratados, que en la Argentina tienen el mismo peso que la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una recomendación y todo indica que Jaime estaría dentro de esa recomendación”.

“Lo que hizo Pietragalla es jurídicamente aceptable. Estamos hablando de derecho. Políticamente, Ricardo Jaime tiene la condena que tiene. Socialmente y políticamente. Pero estamos hablando de derecho, no de política. Y la Secretaría de Derechos Humanos no se puede negar a esto. Lo cité a Horacio para que me explique y cuando vi lo que habían hecho, no tengo nada para reclamarle”, concluyó el jefe de Estado durante una entrevista en Radio Con Vos.

Fuente: Infobae