Valentín Díaz Gilligan, tras su renuncia: "Mi caso es distinto al de Caputo"

Política 20/02/2018
El ex subsecretario general de Presidencia habló luego de dejar su cargo. Defendió al ministro de Finanzas y aseguró: "Los funcionarios estamos de paso".

Valentín Díaz Gilligan

Valentín Díaz Gilligan explicó por qué renunció a la subsecretaría general de Presidencia: "Tomé esta decisión para ayudar al Gobierno tras la escalada mediática. Los funcionarios estamos de paso".

Consultado sobre Luis Caputo, acusado de tener acciones de una empresa en un paraíso fiscal, el exfuncionario defendió al ministro de Finanzas: "No creo que mi caso sea igual al de él. No creo que tenga que tomar la misma decisión. Es una gran persona y funcionario".

Díaz Gilligan aclaró que sólo tiene "palabras de agradecimiento" para el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, su exjefe directo.

En cambio, criticó a El País, que reveló su cuenta millonaria en el exterior no declarada en el país, y a los diarios argentinos: "Los medios deberían entender que por la institucionalidad estos temas deberían resolverse en la Oficina Anticorrupción (OA) y no en las tapas de los periódicos".

En ese sentido, insistió en su inocencia: "No hubo voluntad de esconder nada. No gané plata. No presté mi nombre a Francisco Casal (representante de jugadores) sino que trabajé con él en esa sociedad".

Díaz Gilligan abrió la cuenta en 2012 cuando trabajaba para el Gobierno porteño, que en ese momento encabezaba Macri, según reveló El País. La creó a nombre de una firma británica dedicada a negociar pases de futbolistas, Line Action, que a su vez era controlada por la panameña Nashville North Inc.

En tanto, el ministro Caputo apareció en los Paradise Papers: tenía más del 75% de las acciones de Princess International Group, pero no informó en sus declaraciones juradas de 2014 y 2015 ante la OA.

El uso de empresas registradas en los llamados paraísos fiscales no es ilegal siempre y cuando el beneficiario lo declare ante las autoridades fiscales del país en el que reside. En la Argentina, la omisión de estos datos es un delito y puede ser sancionada con hasta dos años de prisión.

Te puede interesar