La causa por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum se convirtió en uno de los expedientes judiciales de mayor impacto político de los últimos años en San Juan. Sin embargo, hay una primera precisión necesaria para entender cómo comenzó: la denuncia original no fue presentada por el Gobierno de Marcelo Orrego, sino por el abogado Marcelo Arancibia en diciembre de 2025. La actual administración provincial se incorporó posteriormente, en febrero de 2026, cuando la Fiscalía de Estado se constituyó como querellante argumentando un posible perjuicio al patrimonio provincial.
Desde entonces, la Provincia pasó a impulsar activamente la investigación junto al Ministerio Público Fiscal. El gobernador Orrego respaldó públicamente que se investigara qué ocurrió con una obra financiada en buena medida mediante deuda y que continúa inconclusa, mientras el Estado provincial ya debe afrontar compromisos vinculados con su financiamiento.
En septiembre, la UFI Delitos Especiales notificó a 11 personas y anticipó que existían elementos para avanzar hacia una audiencia de formalización. Entre ellas aparece el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, quien es investigado por su actuación durante los años en los que ocupó primero la Vicegobernación y posteriormente la Gobernación.
También fueron convocados Cristian Andino, expresidente de OSSE y actual diputado nacional; el exministro de Infraestructura Julio César Ortiz Andino; los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós y Guillermo Sirerol; el exjefe del área Jurídica del organismo Humberto Caballero; y los funcionarios o técnicos Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.
El único representante del sector privado dentro de ese grupo es Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A., la firma que obtuvo la contratación para proveer las cañerías del proyecto.
Pero hay una diferencia procesal importante: hasta este momento no existe una imputación formal contra esas once personas. La audiencia en la que la Fiscalía deberá explicar qué hecho concreto atribuye a cada una, qué delito considera que podría haberse cometido y cuáles son sus pruebas todavía no pudo realizarse. Por eso, jurídicamente es más preciso hablar de investigados o notificados que de condenados o responsables.
La pesquisa intenta reconstruir el proceso completo del Acueducto Gran Tulum: licitaciones, contratación de las cañerías, precios, pagos, ejecución de los trabajos y calidad de los materiales utilizados.
Entre los puntos incorporados a la denuncia aparecen cuestionamientos a una redeterminación de precios del 55%, un eventual anticipo del 35%, la relación entre funcionarios públicos y la empresa proveedora de los caños y las condiciones técnicas de las tuberías adquiridas. Esos elementos forman parte de las hipótesis denunciadas y deberán ser acreditados o descartados judicialmente.
La investigación también intenta determinar si existió efectivamente un perjuicio patrimonial para el Estado y, en caso afirmativo, quiénes fueron responsables de las decisiones que lo ocasionaron.
Uno de los nombres que aparece reiteradamente alrededor del expediente pero que no integra los once convocados es Gustavo Monti, primo de Sergio Uñac.
Documentación de OSSE conocida públicamente lo identifica como apoderado de Krah América Latina durante parte del proceso de contratación. Su vínculo con la empresa fue uno de los elementos que impulsaron la ampliación de la denuncia original.
Monti falleció el 25 de febrero de 2026, por lo que cualquier eventual acción penal en su contra quedó extinguida. Sin embargo, su intervención continúa siendo relevante para reconstruir cómo se desarrollaron las contrataciones y qué relaciones existieron entre la empresa y las autoridades provinciales de aquel momento.
El otro costado que comenzó a generar controversia es quiénes no aparecen entre los once investigados.
La defensa de Sergio Ruiz cuestionó públicamente que José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE durante la gestión de Orrego, no haya sido convocado y sostuvo que tuvo intervención en tareas vinculadas con el control de la obra. El abogado de Uñac, Marcelo Fernández, realizó un planteo similar y afirmó que existen funcionarios de la actual administración que tuvieron participación en el proyecto y no fueron citados siquiera como testigos.
Ese planteo forma parte de la estrategia de las defensas y no existe hasta ahora una resolución judicial que determine que Beltrán u otro funcionario de la actual gestión haya cometido una irregularidad. Tampoco que la Fiscalía los haya excluido por razones políticas. Lo que sí quedó abierto es el debate sobre los criterios utilizados para seleccionar a las personas alcanzadas por la investigación.
La actual gestión tiene un doble protagonismo en el expediente. Por un lado, OSSE y distintas dependencias provinciales aportaron documentación y elementos vinculados con la obra. Por otro, la Fiscalía de Estado decidió ingresar formalmente al expediente como querellante el 25 de febrero.
Eso significa que el Estado provincial no actúa como fiscal —la investigación penal corresponde al Ministerio Público—, pero sí como una parte que sostiene que pudo existir un daño al patrimonio público y que puede solicitar pruebas, impulsar medidas y participar de las audiencias.
La presencia de la gestión Orrego dentro de la acusación es justamente uno de los argumentos utilizados por las defensas para plantear que debe garantizarse especialmente la independencia de la investigación.
En paralelo apareció otro conflicto. La defensa del expresidente de OSSE Sergio Ruiz presentó una inhibitoria ante la Justicia Federal para que el expediente salga de la órbita provincial.
El argumento central es que el Acueducto Gran Tulum contó con financiamiento nacional y créditos internacionales respaldados por el Estado nacional, por lo que sostienen que la competencia debería ser federal. El juez federal Daniel Rafecas pidió información sobre la investigación sanjuanina, pero todavía no decidió quedarse con la causa. El expediente, por ahora, continúa tramitándose en San Juan.
La defensa de Uñac anticipó que podría acompañar ese planteo.
La formalización estaba prevista originalmente para el 14 de octubre. Ese día se presentaron nueve de los once investigados, pero faltaron Uñac y Cristian Andino, quienes justificaron sus ausencias por compromisos legislativos.
La jueza Mónica Lucero consideraba que técnicamente podía avanzarse con quienes estaban presentes, pero las defensas, la Fiscalía y la querella terminaron coincidiendo en que debía desarrollarse una única audiencia con los once involucrados. La magistrada finalmente aceptó reprogramarla.
La nueva convocatoria quedó fijada para el martes 10 de noviembre, a las 14.30, en el Palacio de Tribunales. Allí debería conocerse finalmente uno de los datos centrales que todavía falta en toda esta historia: qué le atribuye concretamente la Fiscalía a cada una de las once personas investigadas.
Hasta entonces, el Acueducto Gate tiene nombres, documentación, cuestionamientos técnicos, una Provincia constituida como querellante y defensas que denuncian selectividad. Pero todavía queda pendiente el paso procesal que permitirá conocer con precisión quién está acusado de qué y sobre qué pruebas se sostiene cada imputación.
