El abogado de Uñac calificó la causa del acueducto como un “emblema de la persecución política”

La defensa del exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac salió a cuestionar con dureza la causa que investiga presuntas irregularidades alrededor del Acueducto Gran Tulum. Marcelo Fernández, abogado del dirigente justicialista, aseguró que el expediente se convirtió en “el emblema de la persecución política” y puso bajo sospecha el criterio utilizado para determinar quiénes quedaron alcanzados por la investigación. 

Uno de los principales cuestionamientos apunta a lo que Fernández considera una investigación selectiva. El abogado sostuvo que existen personas que actualmente forman parte del Gobierno provincial y que tuvieron intervención en distintas etapas de la obra, pero que no fueron convocadas siquiera como testigos. La defensa del expresidente de OSSE Sergio Ruiz realizó un planteo similar e identificó entre sus cuestionamientos al actual titular del organismo, José Luis Beltrán. Se trata, hasta ahora, de argumentos de las defensas y no de conclusiones judiciales. 

Fernández también rechazó que la frustrada audiencia de formalización del miércoles 14 de octubre haya respondido a una maniobra dilatoria de Uñac. Explicó que el senador tenía compromisos parlamentarios, que su ausencia fue justificada ante la jueza Mónica Lucero y que había comunicado que no realizaría declaraciones hasta conocer concretamente la imputación en su contra.

La audiencia finalmente fue reprogramada y la magistrada dispuso que los once involucrados deberán presentarse personalmente en la próxima convocatoria. Al momento de conocerse la decisión todavía no se había fijado una nueva fecha.

Otro frente se abrió con la discusión sobre qué Justicia debe investigar el caso. La defensa de Sergio Ruiz presentó una inhibitoria para que intervenga el fuero federal, argumentando principalmente el origen nacional e internacional del financiamiento de la obra. El juez federal Daniel Rafecas dio trámite al planteo y pidió información sobre el expediente provincial antes de resolver sobre la competencia. Esto no significa, por ahora, que la causa haya pasado a Comodoro Py ni que la investigación provincial esté suspendida. Fernández adelantó que, si se mantienen esos fundamentos, la defensa de Uñac podría adherir al pedido.

La cronología del Acueducto Gran Tulum

El proyecto comenzó a tomar forma en 2013, durante la gestión de José Luis Gioja, cuando San Juan acordó un financiamiento por alrededor de 100 millones de dólares proveniente de Kuwait y destinado a obras de agua y saneamiento.

En marzo de 2015 se concretó una primera contratación para la provisión de aproximadamente 13 kilómetros de tuberías. Posteriormente, ya durante la gobernación de Sergio Uñac, avanzó una segunda etapa y en mayo de 2017 se adjudicó la provisión de unos 56,7 kilómetros de cañerías para el proyecto.

Durante 2024 volvieron a surgir cuestionamientos sobre aspectos técnicos de los materiales y la ejecución de la obra. El tema llegó a la Cámara de Diputados provincial, donde se aprobó un pedido de informes.

El salto al terreno judicial se produjo en diciembre de 2025, cuando el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia penal para que se investigaran posibles irregularidades en las licitaciones, contrataciones, financiamiento y ejecución del acueducto. La presentación dio origen al expediente que comenzó a tramitar la UFI de Delitos Especiales.

En febrero de 2026, la Provincia se constituyó como querellante. Meses después, la investigación comenzó a avanzar sobre exautoridades de OSSE y exfuncionarios provinciales.

El 25 de septiembre de 2026, el Ministerio Público confirmó que once personas habían sido notificadas en la investigación. Entre los nombres que posteriormente trascendieron quedaron Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, exautoridades de OSSE y otros exfuncionarios. En ese momento, la notificación no implicaba por sí misma una declaración de culpabilidad.

El 13 de octubre, el juez federal Daniel Rafecas pidió información a la Justicia sanjuanina luego del planteo presentado por la defensa de Sergio Ruiz para discutir la competencia provincial.

Un día después, el 14 de octubre, debía desarrollarse la audiencia destinada a formalizar la investigación y conocer concretamente qué hechos atribuye la Fiscalía a cada uno de los involucrados. Las ausencias de Uñac y Cristian Andino derivaron finalmente en la reprogramación y la orden de que todos estén presentes en la próxima convocatoria.

Ahora, mientras sigue pendiente esa audiencia, la causa enfrenta dos discusiones paralelas: qué imputaciones formulará concretamente la Fiscalía y si el expediente continuará en la Justicia provincial o terminará bajo competencia federal.

Para la defensa de Uñac, además, comienza una tercera disputa que será central en las próximas semanas: demostrar su argumento de que existe una selección política de los investigados. Fernández sostiene que al exgobernador no se le puede atribuir responsabilidad penal simplemente por haber encabezado el Ejecutivo durante parte de la ejecución del proyecto y remarca que, hasta que se produzca la formalización, todavía desconoce cuál es la conducta concreta que la Fiscalía pretende imputarle.