Los delitos prescriben, el dolor no: dos “juicios por la verdad” avanzan en casos de abuso sexual contra niñas

La impunidad tiene muchas formas. El paso del tiempo es una.

 
Una niña cuenta que sufre abuso sexual dentro del entorno familiar. La mamá le cree, el papá no. Se hace la denuncia y lo único que pasa es tiempo. Dos años. Entonces muere el acusado y la Justicia hace lo que corresponde a estos casos: manda a extinguir la acción penal. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, dice el dicho y los tribunales operan parecido.

Pero no. La rabia sigue. El dolor también. Y en este caso inédito, también va a seguir el juicio: un juez de Mercedes hizo lugar al pedido de la madre de la niña para que el proceso continúe como un “juicio por la verdad”, una figura que se usó primero en delitos de lesa humanidad y que empieza a ampliarse a casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Derecho a ser escuchada
El juez Facundo Guillermo Oliva del Juzgado de Garantías número 2 decidió citar a un poeta: “Se hace camino al andar”, escribió en su fallo, quizás a falta de otros antecedentes en los que apoyarse. El proceso (que continúa en instrucción) no tendrá condena ni acusado.

¿Para qué sirve entonces? El magistrado consideró que es “cuestión de estricta justicia en virtud del interés superior del niño”. La psicóloga que había entrevistado a la denunciante en el marco del proceso judicial había señalado la vital importancia para la niña de ser escuchada en un marco judicial, especialmente teniendo en cuenta que no toda la familia la acompaña en el proceso. Para la niña sirve.

“Estoy muy emocionada, y me alegra que la Justicia nos haya escuchado en nuestro pedido. Es muy importante para mi hija que su verdad sea escuchada, y que todo lo que atravesó en este proceso no quede en nada, y pueda sanar”, asegura su mamá a TN. Ni ella ni su hija son identificadas para preservar la identidad de la menor. Tampoco el acusado, que había sido pareja de su abuela.

“Este hito jurídico es inmensamente importante para los sobrevivientes de abuso sexual infantil, porque sienta un precedente sin antecedentes, en cuanto a la posibilidad de que un proceso pueda continuar, aún con una acción penal extinta por el fallecimiento del imputado, en la búsqueda de la verdad y en una sentencia que repare a las víctimas, con una condena social, ante la imposibilidad de una condena penal”, festeja Valeria Alcayn, la abogada detrás de este pedido con poquísimos antecedentes.

El Estado es responsable
El fallo de Mercedes tiene una línea que debe servir como llamada de atención. Entre las razones para hacer lugar al pedido señala “la demora del Estado en investigar con la debida diligencia”.

La denuncia había sido hecha el 27 de febrero de 2020. La muerte se produjo en marzo de este año. De no mediar esta decisión no solo la niña perdía su posibilidad de acusar, el acusado también ha perdido la posibilidad de defenderse. Tendrá que ser el Estado el que resuelva ahora cómo subsanar esta circunstancia que se produjo por su propia demora.

“Los tiempos de la Justicia” es una frase hecha, un eufemismo que significa que no sabemos cuándo será. Pero muchas veces significa que no será nunca. Una persona llega a denunciar y se encuentra con que no, con que llegó tarde. Aunque el acusado viva y aunque el delito todavía duela. Es más: es tarde, incluso aunque pueda haber otras personas en riesgo.

Patricia Aguirre tiene 37 años. Recién en julio de 2019 pudo acercarse a denunciar hechos ocurridos en su infancia. “Hablé cuando se me hizo insoportable: había sido mamá, tenía primas chiquitas que estaban en contacto con esta misma persona y sentí que en mi silencio estaba siendo cómplice”, cuenta ahora.

La jurisdicción ha ido modificándose para ampliar los tiempos que necesitan las víctimas, pero los hechos que denunciaba Patricia eran de 1990 a 1995 y se le aplicaba la ley vigente entonces. Técnicamente, no se podía hacer nada. En marzo de este año, desde el juzgado de Garantías número 8 de Lomas de Zamora el juez Gabriel Vitale avanzó consiguiendo que se tome la causa para un juicio por la verdad.

“Es muy difícil explicarle a una víctima que ya no se puede hacer nada. Va contra el sentido común porque sabemos que muchas veces denunciar es un proceso que lleva años. Es nuestra obligación buscar todas las instancias posibles para escuchar esos testimonios y ser parte del proceso de restauración, y que su verdad sea institucionalizada judicialmente”, responde el juez a TN.

Cada modificación en la ley ha sido impulsada por casos de alcance mediático. En 2004, un grupo de exalumnos del colegio San Juan El Precursor de San Isidro grabó con una cámara oculta al artista Peter Malenchini que había sido su docente y abusador décadas antes. No hubo condena, pero tuvieron una confesión que se transmitió en prime time y evitó que siguiera tomando alumnos particulares.

Las familias y la escuela habían tenido conocimiento de los hechos cuando esos hombres todavía eran niños, pero nadie había actuado judicialmente. El escándalo que trajo el caso vino con una primera modificación a la ley. En 2011 se sancionó la “ley Piazza” que amplía los plazos y hace correr los tiempos de prescripción desde la denuncia. El problema: solo se aplica en casos anteriores a esa fecha.

Denunciantes. Víctimas. Sobrevivientes de abuso sexual
Patricia busca las palabras con cuidado: “Algunos hablan de sanar, otros de reparar, a mí me gusta más decir que convivo con lo que me pasó”, explica. Hace tiempo que a quienes atravesaron un abuso sexual en la infancia se los denomina “sobrevivientes”.

A más de tres años de su denuncia y después de un ida y vuelta a Casación, espera la elevación a juicio para poder tener verdad, aunque los tiempos de prescripción la dejen sin posibilidad de condena. “Pienso en esa nena de siete y en nuestra necesidad de ser escuchados. La palabra habilita y trasciende. Mirá, hasta a la muerte trasciende”, cierra Patricia.

Todavía en silencio son muchos los sobrevivientes que esperan con atención las novedades de estos casos.