Procesan a Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración

Lo decidió el juez Ercolini y es por administración fraudulenta. Además la embargó por $ 7 millones.
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Por primera vez la Procuradora General de la Nación cuenta con un procesamiento por corrupción. El juez federal Julián Ercolini procesó a Alejandra Gils Carbó como coautora del delito deadministración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la procuración. Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones millonarias que rondaron los 10,7 millones de pesos.

El juez además embargó a la jefa de los Fiscales nacionales, por 7 millones de pesos. Otros cuatro imputados terminaron procesados, entre ellos el segundo de la funcionaria, Guillermo Bellingi.

Alejandra Gils Carbó acorralada por la presión constante del Gobierno para que dé un paso al costado en su cargo, ya que consideran que no es imparcial por su simpatía declarada con el kirchnerismo, ve ahora más complicado su escenario judicial al terminar procesada por la compra del edificio de la calle Perón.

En la resolución de más de 200 páginas, el juez Ercolini consideró que la Procuradora General de la Nación, fue coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que implica una pena de dos a seis años.

​La Justicia confirmó durante la investigación y tras las indagatorias, que la Procuradora y el subdirector Guillermo Bellingi -también procesado- violaron "los deberes a su cargo" y "diagramaron un complejo entramado" para que "en forma directa o a través de intermediarios" se haya adquirido el edificio en cuestión.

La operación investigada se concretó por 43.850.000 pesos. El subdirector Bellingi fue considerado el "cerebro de la operación" y fue quien contrató a Juan Carlos Thill (su medio hermano) para hacer de intermediario con Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. 

En el camino se pagó una comisión a quienes intervinieron en la maniobra: De 7,7 millones de pesos a Jaureguiberry que a su vez pagó otra comisión de 3 millones de pesos por asesoramiento a Juan Carlos Thill.

Además, la Justicia sostuvo que la compra fue por un "monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto".

La Justicia sostiene que todo estuvo “direccionado desde su inicio, mediante la confección de un pliego hecho a la medidade las características que presentaba el inmueble cuya adquisición estaba decidida de antemano y pactada con la vendedora”.

La procuradora dijo que vio tres inmuebles en el proceso: uno por fotos, otro de la calle San José del que tenía referencias porque ya se había presentado, un edificio de Suipacha “que había visitado en diciembre”, también un inmueble de la calle Chacabuco “que visito” y, finalmente, “un inmueble de Perón que visito, era un edificio histórico”.

El hecho de visitarlo, que después varios de los oferentes no se presenten, y que el de la calle Perón fue el último en conocer y el que finalmente se adquirió, despertó sospechas en la Justicia.“Ya habían indicado que estuvo en el edificio y lo admitió en su indagatoria, lo que puede reforzar la idea de que el proceso estuvo direccionado”, dijeron en la justicia.

En la causa se señaló que durante todo el proceso se buscó que “la oferta que hiciera Arfinsa sea la que obtuviera mejor puntaje y resultara adjudicataria”. Por ello el concurso público fue planteado como “una simulación” y que todo habría estado decidido de antemano, “previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio”.

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